Juego peligroso

El Gobierno de Mariano Rajoy ha diseñado una estrategia política extremadamente peligrosa en torno a la posible intervención en el mercado secundario de deuda del Banco Central Europeo (BCE) para bajar la prima de riesgo, es decir, el coste de financiación de la economía española. El presidente del BCE, Mario Draghi, explicó con claridad durante la rueda de prensa del jueves pasado dos principios básicos: que la decisión de solicitar el mal llamado rescate, es decir, la intervención del BCE en el mercado secundario, corresponde a España y que la institución no puede garantizar, como es lógico, que a cambio de la solicitud de intervención la prima de riesgo española baje hasta el entorno de los 200 puntos básicos. “No podemos dar garantía de antemano; no creo que pueda haber un quid pro quo automático. Los mercados responden a las reformas”.

Una precisión tan lógica ha recibido críticas virulentas de algunos ministros del Gobierno español, que acusan al BCE de agravar la crisis española. Si la política de estabilidad financiera del Gobierno español consiste en chalanear la petición de una intervención del BCE a cambio de una reducción segura de la prima de riesgo, estamos ante un craso error económico y financiero. La responsabilidad de las autoridades europeas en la prolongación de la crisis es evidente, y en muchas ocasiones se ha denunciado; pero esa responsabilidad debe centrarse en la aplicación de políticas fiscales equivocadas, los recortes presupuestarios desmedidos y la reducción del déficit a cualquier precio, que el Gobierno español ha asumido por obligación. Pero el BCE no ha decidido los recortes en la sanidad, en la educación o en la inversión, cuyos efectos desmultiplicadores están prolongando la recesión española; esa es una decisión de Rajoy y a su equipo económico, que una vez aceptada la mayor, se quedan sin margen para cumplir lo pactado.

Pero el error financiero es todavía más grave. Ya debería saber La Moncloa que no es posible negociar con el BCE en términos de contrato cerrado, como el que compra un automóvil o firma una póliza de seguros. Impide tal desatino el sentido común y la autonomía del regulador bancario europeo. El BCE está libre de urgencias sobre la petición de rescate o intervención, por tanto, mal puede aceptar un compromiso. Es el Gobierno español el que tiene que responder de la asfixia financiera de sus empresas; no está de más recordar que las pymes españolas se están financiando con costes un 50% superiores a la financiación media de las pymes europeas.

Por si fuera poco, un mercadeo político de ese tipo contribuye eficazmente a la especulación, contra la deuda española y contra el BCE, puesto que equivale a informar a los especuladores de cual es el diferencial que tiene que defender y sobre el que pueden centrarse los ataques a la deuda. Rajoy y sus asesores económicos deben tomar la decisión sobre el rescate (o intervención) con argumentos más serios y olvidarse de esa supuesta partida de póquer de Rajoy contra Merkel y Draghi.