La otra política educativa

La política educativa en una sociedad democrática debe ser entendida en una doble dimensión. Por un lado, la que se lleva a cabo mediante la acción del Estado y de las instituciones gubernamentales, regulando y garantizando, con diverso grado de eficacia republicana y justicia social, la oferta escolar y el derecho a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por otro, la acción de la sociedad civil y sus organizaciones en la defensa de la escuela pública, en la fiscalización y el control de la acción estatal, así como en la movilización y la intervención destinadas a garantizar y ampliar el derecho a una educación de calidad para todos.

Siendo así, podemos reconocer que hay dos formas de evaluar los actuales cambios en la política educativa española. En lo que respecta a la primera dimensión, las noticias no son nada alentadoras y, sin alarmismos, podríamos definirlas como catastróficas: reducción del derecho a la educación de los más pobres, gestión antidemocrática, prepotencia ministerial, mediocridad y conservadurismo decimonónico en las medidas llevadas a cabo. En suma: avasallamiento del legado histórico que la escuela pública española ha sabido construir a lo largo de las últimas décadas, referencia no sólo en Iberoamérica, sino también en buena parte del mundo democrático. Es difícil saber si el Sr. Wert es el peor ministro de educación que ha tenido España, pero no podemos dejar de negar que se está esforzando por serlo. Su virtud reside en la truculencia de un mandato que retrotrae España a sus tiempos más sombríos y a una persistente cultura política antidemocrática.

Entre tanto, si analizamos la segunda dimensión, la de la movilización social y ciudadana por la defensa del derecho a la educación y de la escuela pública, la política educativa española ha mejorado enormemente, llenado de esperanzas un futuro que, si del actual gobierno dependiera, no dejaría espacio más que a la frustración y al infortunio.

Hay en España, dos políticas educativas en pugna. Una, la que propone un Estado dispuesto a desarmar derechos y atropellar conquistas democráticas. Otra, la que vibra con las movilizaciones ciudadanas, con la organización de nuevas y no tan nuevas formas de resistencia y desobediencia civil, con la amplificación de millares de voces que no se resignan, en cada rincón de este país plagado de diversidad, a entregar sus derechos a un gobierno que confunde la austeridad fiscal con el desmonte de las instituciones fundamentales para la vida democrática, entre ellas, claro, la escuela pública.

Es esa otra política educativa la que se dibuja en el horizonte de la sociedad española y nos llena de esperanzas, la que nos brinda energías para resistir y trabajar activamente, dentro y fuera del país, por un cambio radical en la actual administración gubernamental. Tal como hemos afirmado en otras notas de CONTRAPUNTOS, la sociedad española está unida a Latinoamérica por inquebrantables lazos de hermandad. Por tal motivo, desde el Sur, miles de ciudadanos y ciudadanas expresan su rechazo a la nueva ley educativa del ministro Wert y se visten de verde, de amarillo o del color que sea para acompañar esta lucha justa y necesaria.

Existen numerosas evidencias acerca de la vitalidad que ha recobrado la sociedad española en la defensa de la escuela pública. No sólo la siempre activa intervención de sus sindicatos magisteriales, sus asociaciones de padres y madres (con su comprometida Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), movimientos pedagógicos y organizaciones de estudiantes o de origen religioso (como Entreculturas), sino también, el surgimiento de diversos movimientos ciudadanos que van ganando capilaridad y enriquecen la lucha por el derecho a la educación. Buenos ejemplos de estas nuevas formas de organización son Ciudadan@s por la Escuela Pública, el Movimiento por la Escuela Pública de Asturias y Soy Pública, entre otras.

Especial referencia merece la Declaración POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA, redactada por un grupo de profesores universitarios y profesionales de la educación, en Sevilla los días 25 y 26 de octubre pasado. Se trata de un excelente documento de 20 puntos, donde se sintetizan los grandes temas y problemas de la educación española actual y se fijan algunos de los principios fundamentales que permitan la “reconstrucción o refundación del sistema educativo sobre la base de un amplio acuerdo social”. Acuerdo que niega el actual gobierno, al imponer una ley “revanchista e ideológica”. La Declaración, que transita por problemas fundamentales como la calidad educativa, el fracaso escolar, la repetición, la evaluación, la segregación, la competencia de las comunidades, el profesorado y la participación social en la definición de las políticas educativas, ha ganado una gran proyección y, a pocos días de su publicación, ha sido firmada por centenas de personas, preanunciándose como un texto de referencia en la lucha por la defensa de la escuela pública durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Los estados, la economía, los medios de comunicación, los intereses mercantiles se internacionalizan. También lo hacen los procesos de movilización y de lucha por los derechos humanos, siendo el derecho a la educación uno de los pilares fundamentales para su promoción y garantía. Durante los últimos años, las empresas españolas se transnacionalizaron, ganaron mercados y competitividad mundial. También lo hicieron muchos de sus mejores intelectuales, de sus organizaciones sociales, sus sindicatos y movimientos ciudadanos, con quienes organizaciones, sindicatos y movimientos de otros rincones del planeta han construido vínculos de solidaridad y trabajo colectivo. La defensa de la escuela pública española trasciende las fronteras y se vuelve un objetivo compartido por todos aquellos, todas aquellas que creen que el derecho a la educación es un patrimonio de la humanidad y debemos movilizarnos activamente para defenderlo.

Por esto, desde el Sur, nos sumamos a esta oportuna y necesaria Declaración POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA, con gran compromiso, con entusiasmo, energía y esperanza, atributos esenciales para la defensa de la escuela pública, donde quiera que sea.

Desde la Ciudad de México

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