Las dos visiones

Las detenciones en Francia de Izaskun Lesaka, supuesto miembro de la dirección de ETA, y de su lugarteniente, Joseba Iturbe, han sido consideradas “incomprensibles” por portavoces de la Izquierda Abertzale (IA). Su argumento es que resultan contradictorias con el “proceso de paz”. Otros sectores nacionalistas admiten las detenciones, pero estiman que el Gobierno debería tomar simultáneamente otras iniciativas, sobre todo penitenciarias. Y ETA comunica a la izquierda abertzale su disposición a negociar su disolución si el Gobierno cambia la política penitenciaria y ofrece una perspectiva de salida a sus presos.

Mientras ETA no se disuelva es absurdo pretender que la policía no detenga a dirigentes armados de los que se sospecha que controlan los arsenales. La experiencia de la disolución de ETA Político-militar muestra la importancia de capturar esos arsenales para que sus jefes den el paso definitivo. En su reciente libro, Otegi explica que tanto en ETA como en la ex-Batasuna había dos visiones contradictorias sobre el fin de la violencia: la de los que condicionaban la retirada a acuerdos políticos, lo que proyectaba “la sombra de la tutela” de la banda sobre cualquier diálogo; y la de quienes sostenían que el cese debía ser unilateral. También dice Otegi que la consecuencia del cese de ETA debe ser el “desmantelamiento de sus estructuras militares”.

Sin embargo, la banda y al menos un sector de la izquierda abertzale siguen condicionando ese paso definitivo a un acuerdo previo negociado, hipótesis que rechaza el Gobierno. Si la izquierda abertzale recomienda a los reclusos que acaten los procedimientos legales, deberían empezar por decirlo públicamente. Y por reclamar de la misma manera la disolución de ETA. El fiscal superior del País Vasco declaraba hace un mes que la disolución era el factor que permitiría mejorar el pronóstico favorable de reinserción que, según la ley, es necesario para acceder a beneficios penitenciarios. Y auguraba que el Estado de derecho “sabrá interpretar y aplicar la legalidad conforme a esa nueva situación”.

La disolución unilateral es, por tanto, el punto de partida. Pero sobre ese mundo flota el fantasma de la Conferencia de San Sebastián que precedió al cese de ETA. Quienes la propiciaron sostienen que el Gobierno de entonces, al no oponerse a su celebración pese a saber lo que se preparaba, asumió implícitamente lo acordado, incluyendo la negociación de las “consecuencias del conflicto” (y luego, la de sus causas políticas). Esa idea, sin ningún fundamento conocido, se ve reforzada por los sectores de la derecha que acusan a Rajoy de haber asumido supuestos compromisos del anterior Gobierno con la banda.

Es cierto que el tema de los presos es fundamental para el cierre definitivo del ciclo de violencia. Podrá haber, como en el caso de los polimilis, contactos de sus abogados con la Administración de justicia, pero no una negociación del Gobierno con ETA. Y la disolución sería en todo caso necesaria para hacer posibles medidas penitenciarias a favor de los reclusos.