Pagar tasas a la justicia

Ya está en tramitación parlamentaria, y se pretende que entre en vigor el próximo 1 de enero, un espeluznante y manifiestamente inconstitucional proyecto de ley que pretende imponer unas tasas judiciales a todos los ciudadanos y empresas en casi todas las jurisdicciones, unas tasas que llegan a varios miles de euros por demandar o apelar. Verdaderamente está en juego el propio Estado de derecho, cuya misma esencia es disponer de la protección de los tribunales.

Ni como ciudadanos ni como juristas podemos quedarnos impasibles ante un proyecto que tiene como efecto directo e inmediato la imposibilidad de control contra la arbitrariedad del Estado y de los poderosos, el fin del derecho del consumo y, en definitiva, que triunfe la ley del más fuerte.

Este proyecto de ley liberticida, obra del intervencionista ministro Alberto Ruiz-Gallardón, traiciona todos los principios programáticos con los que se presentó el Partido Popular a las elecciones generales. Además, traiciona la propia Constitución española, ya que impedirá el acceso a la tutela judicial efectiva que la Carga Magna consagra como derecho fundamental de todos los ciudadanos. Y traiciona, finalmente, el concepto mismo de tasa que estable la propia Ley General Tributaria y que la define como el pago que una persona realiza para sufragar los gastos que ocasiona por el uso de un servicio público. Ni jueces ni fiscales, ni abogados ni procuradores, ni secretarios judiciales ni peritos, ni oficiales ni auxiliares de justicia entienden esta ley. Pero el ministro les ha dado la espalda.

¿Se habrá planteado el ministro el ahorro que supondría para las arcas públicas que las comunidades autónomas devolvieran sus competencias en materia de justicia? Es otro ejemplo más de lo alejada que está la clase política de la realidad. Nefasto.— Antonio Martínez Alcalde. Abogado y perito judicial.