Poca y tardía justicia

En llamativo contraste con el año escaso que ha necesitado un tribunal italiano para abordar la catástrofe del Costa Concordia, ha sido preciso un decenio para iniciar el juicio por el vertido de 64.000 toneladas de fueloil del Prestige frente al litoral de Galicia, que provocó una marea negra desde la desembocadura del Miño hasta la fachada atlántica de Francia. El pequeño juzgado de Corcubión se vio enfrentado al hundimiento de un petrolero abanderado en las Bahamas, con dueño y operadores logísticos liberianos (Mare Shipping, Universe Maritime), asegurador británico (The London Steamship Owners), certificado estadounidense (ABS) y fletado por una empresa suiza (Crown Ressources). El entramado de intereses y países implicados, los cambios de juez (se sucedieron hasta cinco) y la tardanza en crear la fiscalía medioambiental (cuatro años después de la catástrofe) se aliaron para retrasar la instrucción de un sumario de 230.000 folios, en el que aparecen 1.500 perjudicados.

A falta de responsabilidades políticas por lo sucedido, el juicio abierto en A Coruña habrá de determinar qué parte de culpa debe achacarse a la decisión de alejar de la costa el vetusto petrolero en pleno temporal, adoptada en su día por el Ministerio de Fomento —dirigido por Francisco Álvarez-Cascos— en vez de llevarlo a un puerto refugio, donde habría sido más fácil controlar la contaminación. Otro punto clave es el estado en que navegaba el buque, y más después de haberse conocido que el Gobierno de Aznar no aportó al juzgado una de las investigaciones submarinas realizadas en su día.

Es obligado que la Audiencia actúe con toda la firmeza posible, una vez abierto el juicio público. Hay dudas razonables sobre las decisiones tomadas por el Gobierno de la época, pero, además, alguien debe resultar responsable del delito cometido contra el medio ambiente y los daños económicos provocados a múltiples perjudicados. La cuestión es quién va a pagarlos. En Francia, el hundimiento del petrolero Erika se saldó con un castigo a la petrolera Total por imprudencia, al apremiar el transporte del crudo sin preocuparse de las condiciones del mismo. No se aprecia alguien parecido en el entramado que difumina las responsabilidades por el Prestige, donde además se cuenta con el precedente de que ABS, la única empresa considerada solvente, se ha librado en Estados Unidos de las responsabilidades por ese hundimiento que le pedía el Estado español. Es el mismo Estado que reclama ahora 4.328 millones de euros en el juicio de A Coruña y que se arriesga a tener que sufragarlos en gran parte, si fuera declarado responsable civil subsidiario.

Quienes contratan un transporte marítimo deben responsabilizarse de las buenas condiciones de los buques que van a realizarlo; está por ver si la justicia española, lastrada por la tortuosa fase de instrucción, será capaz de desentrañar quiénes son los responsables del caso Prestige.