Transparencia

Muchos de nuestros políticos que son acusados por irregularidades administrativas o delitos diversos están en libertad a pesar de haber sido no solo imputados sino en muchos casos procesados. Quiero plantear la necesidad de una Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el Código Europeo para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades locales y regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo político.

Por ello, una Ley que no solo busque limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que mediante las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía sumaría para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal competente pueda mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a dos o tres meses, declarar en el cese de la actividad política y en el cargo a cualquier político que acusado y procesado por delitos graves, no pone su cargo a disposición del partido o coalición que sea, y dimite.

Los pleitos y procedimientos en un sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada como dice el refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de inocencia queda quebrada en un proceso donde el cargo político se encuentra claramente incriminado y hay claras pruebas de ello.

Por ello esa Ley de la Transparencia debe y puede apostar porque la deontología de los militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de la honestidad absoluta y no de la sospecha, de otro lado también determinados cargos y mandatos como los cargos de las altas instancias en especial diputados, senadores, consejeros, ministros, alcaldes etc… Deben de ser limitados por ley a ocho años.

Por último, debería existir un Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme, aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito.

Existen los mecanismos legales oportunos para controlar y aplicar la transparencia a la vida pública, y que de una vez por todas la opinión pública esté informada de quiénes son los que no hacen sus deberes, o deben por coherencia y honestidad dimitir. De camino así no se mancha la imagen de ningún partido, sino que sale reforzada, porque la verdad y la pulcritud en el Gobierno es la meta a la que cualquier sociedad civilizada y moderna debe de aspirar y nosotros como ciudadanos exigir.— M. Ortega Martín.