Escalada soberanista

Al borde de su propia disolución, el Parlamento de Cataluña aprobó ayer la propuesta de CiU y ERC para celebrar una consulta por la autodeterminación, “prioritariamente” durante la siguiente legislatura. Esa postura fue aprobada por el 62% de la Cámara, incluyendo al socialista Ernest Maragall, que rompió la posición del PSC favorable a la abstención. A su vez, este partido vio derrotada su propuesta federalista. El presidente de la Generalitat ya había comunicado la anticipación de las elecciones al 25 de noviembre, de forma que lo votado es la decisión postrera de una legislatura abruptamente interrumpida por el propio Artur Mas.

La confrontación se hace así aún más explícita. El Gobierno central está decidido a obtener del Constitucional la suspensión automática de cualquier convocatoria de referéndum que no se ajuste a la Constitución, según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien argumentó que la organización territorial del Estado compete a todos los españoles. Responde así al presidente de la Generalitat, dispuesto a consultar a los catalanes sobre la independencia, tanto si eso es legal como si no. El tono desafiante de Mas es por completo ocioso, puesto que él y sus partidarios tienen la oportunidad de someter a los electores un programa abiertamente independentista, lo cual resultaría clarificador.

Artur Mas juega peligrosamente con las palabras al hablar de referéndum y consulta, porque un referéndum constitucional precisa del acuerdo previo del Gobierno. El presidente de la Generalitat utiliza su posición de poder para acumular más poder, como supone que ocurrirá tras la maniobra de ponerse a la cabeza de la reivindicación soberanista. Artur Mas sabe perfectamente que no puede dar pasos ilegales; sugerir que lo va a hacer es un acto claramente electoralista, pero, además, tensiona gravemente a la sociedad.