El precio de la violencia

La concentración que pretendía “rodear” el Congreso de los Diputados, el martes pasado se tornó en ocasiones en violentos enfrentamientos entre la policía y parte de los manifestantes. El Gobierno acusa a algunos de ellos de haber ejercido una violencia “extrema” y asegura que la policía se incautó de 260 kilos de piedras, como prueba de sus intenciones. Las sedes parlamentarias no deben ser atacadas, nadie sensato puede prestarse al juego de descalificar la democracia representativa, y el conjunto de la sociedad debería ser consciente de los graves riesgos que supone que un grupo de manifestantes descontrolados trate de asaltar la sede de la soberanía nacional. Pero, a la hora de proteger la inviolabilidad del Congreso, hace falta garantizar la eficacia de las fuerzas de seguridad y evitar la desproporción de sus actuaciones.

En la memoria de todos está la coacción sufrida por el Parlamento catalán el 15 de junio de 2011, cuando grupos de indignados zarandearon a diputados y rociaron con pintura a algunos, forzando al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a desplazarse en helicóptero. El martes no sucedió en Madrid nada parecido, aunque tampoco nada garantizaba de antemano que no ocurriera, excepto el correcto despliegue policial previsto.

Por ello, sorprenden los enfrentamientos que se produjeron a la vista de la escasez de participantes en la concentración (solo 6.000, según la Delegación del Gobierno en Madrid) frente al nutrido dispositivo de seguridad, integrado por más de 1.300 agentes. Naturalmente, resulta ingenuo ignorar la voluntad provocadora de algunos grupos de manifestantes y su preparación para el choque violento. Lo que se le pide a la policía es control y proporcionalidad.

Lo más difícil de aceptar consistió en la irrupción de antidisturbios en la estación de Atocha, a más de un kilómetro del Congreso: no es admisible la violencia que muestran los testimonios gráficos disponibles. Inadmisible, igualmente, que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) califique de “anecdótico” que los agentes oculten su número de identificación en el uniforme, pese a la obligación de mostrarlo como garantía frente al abuso.

El director de la policía, Ignacio Cosidó, asegura que las fuerzas a sus órdenes “defendieron la democracia” y se ha cerrado de antemano a toda investigación interna. El Gobierno debe explicar si la actuación policial dentro de la estación de Atocha fue acertada. Hora es también de delimitar quién debe ser responsable de la seguridad en el entorno de una sede parlamentaria —el presidente de la Cámara tiene un papel en esas decisiones, en otros países—, y cuál es la zona vedada a las manifestaciones. Mantener el orden se ha cobrado un precio elevado, en este caso por partida doble: decenas de ciudadanos heridos —entre ellos policías— y de detenidos, y unas escenas que se han visto en medio mundo, ofreciendo una imagen de España ciertamente distorsionada.