Repliegue defensivo

Pese a la vaguedad con que está redactada la nueva directiva de Defensa Nacional, el documento del Gobierno de Rajoy dibuja el repliegue de la política de defensa hacia unos “riesgos propios” que, a su juicio, son ahora más graves. Se proclama la necesidad de prevalecer sobre las “amenazas no compartidas” que, aunque no explicitadas, aluden al norte de África, sobre todo Ceuta y Melilla, que no están cubiertas por el paraguas de la Alianza Atlántica. El Gobierno de Rajoy enfatiza la inestabilidad creada por los cambios políticos en la orilla sur del Mediterráneo, la situación del Sahel o los “males endémicos” que llegan desde el África subsahariana, en alusión aparente al narcotráfico y al tráfico de personas. Pero no explica el modelo de Fuerzas Armadas que debería hacer frente a estos problemas de seguridad.

Recientemente se ha confirmado que el Ejército mantiene inmovilizados el 50% de sus vehículos de combate y que se ha prestado a Australia uno de los barcos más modernos de nuestra Armada. Al tiempo se sabe de un proyecto para prescindir de 20.000 personas, entre militares y empleados civiles de la Defensa, en los próximos trece años. Tendría pleno sentido tratar de compartir los gastos de Defensa con los de otros países europeos, pero la directiva en cuestión apenas menciona a la UE más que para pedirle que agilice su toma de decisiones. Se omite todo lo que pueda interpretarse como impulso a la Europa de la Defensa, y sin ella es muy problemática una capacidad de disuasión creíble en el momento en que Estados Unidos está desplazando fuerzas desde territorio europeo hacia el Pacífico, y en que tanto China como Rusia incrementan sus gastos militares. La directiva menciona solo una vez a las Naciones Unidas, lo cual parece escaso para un país que ha tomado parte muy activa en las misiones amparadas por la ONU.

La tendencia a aislarse en materia de Defensa se compadece mal con la atención a otros riesgos mencionados en la directiva: la velocidad con que fluye la información en el mundo actual, la gestión telemática de las transacciones, los ataques cibernéticos, la proliferación de armas de destrucción masiva, la quiebra de la seguridad del espacio aéreo y aeroespacial. Si esos son los grandes riesgos, sorprende que la directiva del Gobierno ni siquiera mencione la participación española en el escudo antimisiles.

Bien está que se haga explícita la necesidad de coordinar los servicios de inteligencia e información del Estado o de promover una “cultura de la defensa”, pero una España fuerte exige una concepción más global. El euroescepticismo casa mal con la proclamada voluntad de ir a una unión fiscal e incluso política a escala europea. Documentos como este se inspiran más en la desconfianza hacia el multilateralismo, propia de la época de José María Aznar, que en la concepción de un país que busca en Europa la solución a sus graves problemas.