Nuevo frente yihadista

La decisión del Gobierno español de repatriar a los cooperantes en los campamentos saharauis de Tinduf se inscribe en una valoración ajustada de la situación en una amplia zona del norte de África —que incluye Argelia y Mauritania— y que ha pasado a ser de máximo riesgo después de que el islamismo radical vinculado a Al Qaeda se haya hecho fuerte en el norte de Malí. Los yihadistas controlan de hecho un territorio como Francia, después de secuestrar en su provecho una previa rebelión independentista tuareg y aprovechando el vacío de poder tras el golpe militar que, en marzo, depuso al presidente legítimo, Amadou Toumani Toure.

La progresiva descomposición de Malí (en su día un raro caso de estabilidad en una región turbulenta) y el dominio por las milicias fundamentalistas de las ciudades septentrionales más importantes —Tombuctú, Gao, Kidal— se produce ante la absoluta impotencia de Bamako y la ausencia de un ejército digno de ese nombre. En la capital, a la pérdida territorial se suma la irresuelta crisis política desatada por el golpe de marzo, cuyo resultado actual son un presidente y un primer ministro, ambos civiles, interinos y enfrentados. La situación tiene pocos visos de cambio, pese al ultimátum de la Comunidad de países de África Occidental, el más influyente organismo regional, para que se forme un Gobierno representativo y se convoquen elecciones y a su advertencia de que enviará tropas para enderezar la situación del misérrimo país. Semejante intervención, sin embargo, que requeriría un decidido apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, parece muy improbable en las actuales circunstancias de efervescencia en el mundo árabe.

El nuevo frente islamista que se consolida en el Sahel utiliza a los rehenes extranjeros como fuente fundamental de financiación, cuando no como palanca de exigencias políticas inadmisibles, y representa una amenaza global a tener en cuenta, especialmente para los países del sur de Europa. El alarmante vacío de poder en Malí, su foco, justifica las medidas del Gobierno español, pese a las protestas de las ONG implicadas. Se trata de garantizar la seguridad de los cooperantes y evitar que se repitan las pesadillas personales, diplomáticas y económicas que acompañan a los secuestros yihadistas, como puso de manifiesto el de los dos españoles y la italiana capturados hace nueve meses, felizmente acabado.