Rumanía preocupa

Cinco años después del ingreso de Rumanía en la Unión Europea, el retroceso del Estado de derecho y de la democracia en ese país resulta muy preocupante. Su entrada, con la de Bulgaria, fue precipitada, dado que no cumplía los criterios democráticos vigentes en la Unión. De hecho, forzó la elaboración de informes semestrales de la Comisión Europea al respecto. Se confiaba en que su pertenencia facilitaría avances. Solo se han logrado en parte. Los movimientos del tercer primer ministro de la legislatura, el socialista Victor Ponta, suponen pasos atrás que denuncia el último informe y que sus socios y las instituciones comunitarias no pueden permitir.

La presión ha hecho rectificar a Ponta en su intento de cambiar las reglas del referéndum, el próximo 29 de julio, para validar la deposición por la nueva mayoría parlamentaria del presidente de centro-derecha Traian Basescu. Ponta pretendía que bastara una mayoría simple, pero la ley, reafirmada por el Tribunal Constitucional, exige el voto positivo de al menos la mitad del censo. De ahí que, para asegurar ese 50%, el Gobierno duplique los centros de votación en el extranjero, aunque la amplia diáspora (entre uno y tres millones) sea más proclive a Basescu.

Hay una clara lucha política en la que Ponta y sus aliados pretenden cambiar las reglas de juego y saltarse la división de poderes de una democracia. Y hay un pulso sobre si respetar o no los ajustes que exige el FMI a cambio de ayuda para una economía al borde del colapso.

La Comisión también le ha tirado de las orejas a Bulgaria por no avanzar en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, incluidos los asesinos a sueldo. Con sanciones si es preciso, la UE ha de vigilar, y no solo en estos países, el respeto de la democracia. Y no bajar nunca el listón. Muy especialmente en una crisis económica que puede alimentar los populismos más peligrosos.