Recusación a la paraguaya

Fernando Lugo, tras Manuel Zelaya en Honduras, se ha convertido en el segundo presidente latinoamericano desde 2005 en ser forzado a abandonar antes del término de su mandato. Zelaya fue destituido por los militares. La región, acertadamente, lo calificó de golpe, aunque su origen fue también un conflicto entre un testarudo presidente y sus enemigos de legislatura, que frustraron los intentos exteriores de restaurar a Zelaya. Parte del problema en Honduras fue que la Constitución no contempla la recusación. En Paraguay, es demasiado fácil. La recusación exprés marca un peligroso precedente en una región en la que la democracia aún está consolidándose y donde los presidentes se enfrentan a menudo con la impopularidad y ausencia de mayoría en el parlamento.

Como reacción a la salida de Lugo, Brasil se ha unido a Argentina y a Uruguay para impedir la presencia de Franco en la reunión de Mercosur. Algunos hablan de suspender a Paraguay de Unasur e incluso de la OEA.

En lugar de penalizar a Paraguay, mejor harían los gobiernos de América del sur en ayudar a recuperar las riendas negociando con Franco para asegurarse de que las presidenciales programadas para abril se celebren con libertad y justicia e incluso se adelanten. Y si lo que buscan es que sus protestas resulten más convincentes, entonces deben ser más consistentes. Brasil reclamó sanciones económicas para Honduras, donde no tenía intereses reales en ese momento, pero no ha hecho lo mismo respecto a Paraguay, donde decenas de miles de brasileños poseen granjas y donde comparte con Brasil la planta hidroeléctrica Itaupu.

Los Gobiernos de centro izquierda se han apresurado a condenar las amenazas de la derecha contra presidentes electos, pero no las que provienen de su lado contra procedimientos democráticos. En contra de la Constitución de Venezuela, Hugo Chávez tomó el control de la judicatura y de las fuerzas armadas. El nicaragüense Daniel Ortega amañó una elección municipal en 2008. Pero ambos son bienvenidos en los foros regionales. Hasta que los gobiernos de Suramérica no se comprometan de manera imparcial contra los abusos de los procesos democráticos sus piadosas protestas sonarán hipócritas.