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El acento
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Correa y la injusticia

El sistema judicial muestra sus costuras ante al caso Gürtel al liberar a su presunto jefe tras casi tres años y medio de prisión preventiva

SOLEDAD CALÉS

Se mire por donde se mire, la libertad bajo fianza del presunto jefe de la trama corrupta Gürtel es una malísima noticia. Lo es porque si Francisco Correa fuera culpable, es una injusticia que quede en libertad; pero lo es también porque si fuera inocente, el resultado entonces es que un ciudadano sin tacha ha pasado entre barrotes casi tres años y medio de su vida. En ambos casos, por tanto, habría una injusticia flagrante. Y aún hay aquí una tercera derivada que es quizá la peor de todas: la de comprobar la incapacidad de la justicia española para resolver en tiempo y forma un caso como este, lo que viene a unirse a un espectáculo general por parte del sistema judicial que le deja en evidencia.

El llamado caso Gürtel (traducción del alemán de la palabra correa) es uno de los grandes escándalos políticos de la historia de España. El entramado de empresas de Correa lograba cientos de contratos con Administraciones públicas gobernadas por el PP. Solo Esperanza Aguirre firmó con ellas 300 contratos. La justicia ha acreditado sólidos indicios de sobornos, cohechos, blanqueo de capitales y fraude fiscal, entre otros delitos.

Tres años y medio después de destaparse el caso, aún está, sin embargo, por abrirse el juicio oral contra Correa, razón por la cual abandona ahora la prisión preventiva. Tampoco ha habido juicio sobre la presunta financiación irregular del PP, que es la gran sospecha que planea sobre todo este escándalo. Troceada la causa en piezas distintas, solo se ha visto la relativa a los trajes que regaló la trama al presidente valenciano Francisco Camps y otros líderes del PP; absueltos por no quedar probado que los políticos recibieran las dádivas a cambio de un trato de favor.

En el camino han rodado muchas cabezas: la del propio Francisco Camps, la de Luis Bárcenas, tesorero y senador del PP, la de los diputados autonómicos del mismo partido Ricardo Costa, Benjamín Martín Vasco o Alberto López Viejo... Pero no han sido los jueces los que han dictaminado, sino los políticos. En verdad, la única cabeza que aquellos han cortado es la de Baltasar Garzón, el que instruyó el caso y el que en su día encarceló, precisamente, a Francisco Correa.

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