Indemnizaciones millonarias
En relación al escándalo de la presunta “legalidad” de las indemnizaciones millonarias que se otorgan a sí mismos los gestores de las instituciones financieras que han demostrado su total incompetencia para el buen gobierno de las mismas y cuyas desastrosas consecuencias están sirviendo de excusa para desmantelar nuestro Estado de derecho, me gustaría denunciar lo que a mí me parece una clara complicidad del cuerpo legislativo con esta situación.
A pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de este atropello, se sigue consintiendo que todo esto se presente como legal.
El concepto de “ente privado” se está utilizando, en lo que afecta a este tema, de forma torticera.
La medida de reducir a la mitad los sueldos que se aprueban estos gestores es insuficiente, porque es evidente que la mitad de muchísimo sigue siendo muchísimo y que el término de privado en las instituciones financieras debe ser matizado.
Es la ciudadanía quien tiene que pagar los efectos de la mala gestión, tanto si no recupera sus depósitos como si estos se derivan del patrimonio público.
Creo que el cuerpo legislativo debe contemplar la posibilidad de que la ciudadanía pueda reclamar responsabilidades penales por los injustos daños provocados.— Antonio Paz Paz.
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