La cultura de la corrupción

No está científicamente demostrado que el ser humano lleve el gen de la corrupción en su mapa genético. Sin embargo, debemos admitir que todos somos potencialmente corruptibles. Solo los principios éticos y las convicciones democráticas nos pueden inmunizar contra esta plaga. Las sociedades tolerantes con un alto índice de corrupción se deslizan peligrosamente hacia el descrédito internacional. La honestidad y la transparencia en el manejo de lo público han sido y son valores revolucionarios.

Todos los corruptos consideran los fondos públicos como un patrimonio que se puede gastar indebidamente y sin rendir cuentas a nadie. Disponen del dinero público sin miramientos y no admiten críticas ni limitaciones a su omnipotencia. Si estas premisas son ciertas las conductas que se atribuyen a Carlos Dívar podrían ser incluidas en el catálogo de los comportamientos corruptos. Como persona tiene un problema que debe dilucidar cuanto antes. Pero es que, además, el ciudadano Dívar es presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por lo que el problema lo tenemos todos.

El ciudadano Dívar interpelado por los vocales del Consejo General del Poder Judicial sobre sus retiros de fin de semana a Marbella ha contestado altaneramente que sus viajes son de carácter reservado por lo que no tiene que explicárselos a nadie. Al parecer estima que los ciudadanos que pagan sus impuestos para el mantenimiento de las cargas públicas deben soportar impertérritos que la cabeza visible del Poder Judicial se dé a toda clase de lujos; escoltas excesivos, vehículos a plena disposición y gasto, facturas de restaurantes sin más limitación que su omnímoda voluntad, suites en hoteles de cinco estrellas y contactos en la más estricta reserva.

A muchos nos llama la atención el silencio sepulcral del Tribunal Supremo que Dívar preside. Más allá de una posible molestia por el comportamiento de su presidente, exteriorizada en la frialdad del trato, deben reconocer que sus actividades lúdicas y despilfarradoras impactan también sobre la dignidad del cargo que ostenta en el Poder jurisdiccional. ¿Se ha reunido la Sala de Gobierno para tratar del caso y exigirle explicaciones?

El ciudadano asiste estupefacto al espectáculo de la prestidigitación interpretativa de las normas penales

En su patética huida hacia el abismo el presidente Dívar alega, sin rubor, que aprovechaba las estancias en Marbella para mantener contactos con personas pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cuál era la finalidad de estas secretas convenciones? Solo Dios y Dívar lo saben. Si el ministro del Interior, que algo debe conocer del funcionamiento de los cuerpos de seguridad, está al corriente debe salir a la palestra y tranquilizar a los españoles.

Algunos personajes de la vida judicial y política de nuestro país siempre pensaron que acceder a una vocalía del Consejo General del Poder Judicial era una prebenda que proporcionaba un sueldo, ligeramente superior al de los Magistrados del Tribunal Supremo, acompañada del boato y esplendor que proporciona un automóvil de alta gama, escolta y una absoluta e incontrolada posibilidad de disponer del dinero público para viajes oficiales. Además, desde hace unos años la línea de separación entre viaje oficial y desplazamiento personal se ha difuminado hasta desaparecer de la contabilidad oficial.

El conflicto de intereses entre lo público y lo privado viene de atrás y no sería justo cargárselo en exclusiva al actual Consejo. El sistema se pervirtió cuando las dietas que cubrían los gastos del vocal viajero no daban para cubrir los fastos suplementarios. Las dietas se sustituyeron por el pago íntegro de los gastos del viaje oficial, aunque los justificantes contuvieran partidas tan llamativas como 400 dólares de lavandería en países latinoamericanos.

La estrategia de Dívar para eludir la dimisión es inaceptable. Se escuda en la decisión del Fiscal General del Estado de no abrir la vía judicial por estimar que estos gastos no constituyen una malversación de caudales públicos. La sorpresa de los ciudadanos no ha sido calmada por explicaciones y actitudes posteriores. Una vez más, el ciudadano asiste estupefacto al espectáculo de la prestidigitación interpretativa de las normas penales. No se sabe lo que es más escandaloso, si legitimar el despilfarro de fondos públicos cubriéndolo con tiritas administrativas o cercenar la investigación sin llegar al fondo y sin que el implicado facilite explicaciones públicas sobre su conducta.

Respeto profundamente la intimidad de las creencias personales, pero en este caso es el personaje en cuestión el que se encarga de airearlas sin recato. Los que conocemos hace tiempo al ciudadano Dívar sabemos que su personalidad se nutre de la mística a cuyos padres fundadores cita con frecuencia en los discursos oficiales. Lástima que no haya impregnado su cultura en la sobriedad de los ascéticos. Si es coherente con las creencias que exhibe, su única salida pasa por pedir excusas y devolver los caudales públicos que ha gastado en sus estancias de lujo y esplendor en la costa de Marbella, con prolongaciones a Marruecos, según consta documentado.

El abismo entre la ética de la sociedad civil y la valoración jurídica de unos hechos de esta naturaleza amenaza con romper la cohesión necesaria entre los ciudadanos y el Estado. Ya sabemos que la ética y el derecho penal se sitúan en planos distintos pero no pueden alejarse tanto que se pierdan de vista el uno al otro. La decencia y la normalidad democrática solo pueden ser restauradas con su renuncia al cargo de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

Jose Antonio Martin Pallin, abogado, es magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).