Populismo penal

Después de una veintena de revisiones del Código Penal desde 1995, España figura entre los países con una legislación penal más dura. Al endurecimiento que supuso la reforma de 2010 se añadirá ahora una nueva y controvertida vuelta de tuerca si se consuma el propósito del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de aplicar una futura pena de "prisión permanente revisable" a los delitos de terrorismo —una forma de reintroducir la posibilidad de cadena perpetua—, y una figura denominada "custodia de seguridad". Esta permitiría mantener hasta 10 años más en la cárcel a presos que han cumplido sus condenas, si se considera que no están rehabilitados. Se trata de propuestas ya hechas por el PP, que no prosperaron en la anterior revisión del Código Penal por carecer de consenso.

La forma en que el ministro ha anunciado esta medida, tras entrevistarse con el padre de Marta del Castillo, la joven asesinada en Sevilla en 2009, indica que el PP ha sucumbido a lo que los juristas llaman el populismo punitivo, es decir, legislar al calor de la presión popular en torno a sucesos de proyección mediática. Esta manera de proceder agita los sentimientos de venganza y alimenta una irracionalidad compulsiva que puede afectar al principio de proporcionalidad.

Es cierto que en toda Europa se han planteado medidas para dar respuesta a un problema de muy difícil solución: el tratamiento que deben recibir los asesinos en serie y pederastas que han cumplido su condena y presentan un alto riesgo de reincidencia. La necesidad de proteger a las posibles víctimas ha llevado a introducir medidas adicionales, como la "libertad vigilada" aprobada en 2010. Esta figura permite al juez establecer un régimen de control especial para condenados por terrorismo y violencia sexual, que cumplen sus condenas sin haberse rehabilitado.

Ahora se pretende que el juez pueda prolongar la prisión hasta 10 años mientras persista la peligrosidad, y no solo en el caso de asesinos en serie, en los que el riesgo de reincidencia está asociado a su personalidad psicopática, sino también a condenados por otros delitos graves, como el tráfico de drogas. Este planteamiento desborda el debate suscitado en torno a los violadores en serie y cae por la pendiente resbaladiza de un derecho penal basado en la peligrosidad potencial, que podría vulnerar la Constitución.