Corazón loco
CiU entiende a quienes no quieren pagar peajes, pero está obligado a hacer cumplir la ley
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Cataluña es la primera comunidad que tuvo autopistas en España y actualmente también es la primera autonomía en vías de peaje. Barcelona, Girona y Tarragona están comunicadas por unas vetustas carreteras nacionales que, en algunos casos, no cuentan ni con variantes. Para circular a dos carriles entre esas tres capitales hay que pagar. Ese conjunto de circunstancias, aderezado con el rescate con dinero público de las radiales de Madrid, y el hecho de que la empresa concesionaria de autopistas las explote en algunos casos desde hace 40 años, ha provocado una protesta que consiste en pasar el peaje sin pagar.
Diversos partidos independentistas catalanes capitalizan esta campaña que desde hace dos semanas protagonizan diariamente un centenar de personas, según datos de Abertis. No pagan los peajes en señal de protesta y, hasta ahora, los controladores se han limitado a tomar el número de matrícula a los insumisos.
La movilización ha pillado con el paso cambiado al Gobierno de Convergència i Unió, que tiene, como el bolero de Machín, el corazón loco. Por un lado "entiende", en palabras del portavoz Francesc Homs, la protesta, pero por otro tiene la obligación de hacer cumplir la legalidad que obliga a multar en caso de que Abertis dé vía libre a las denuncias. Todo ello se complica porque la legalidad afecta al orden material —el bolsillo de una empresa concesionaria— y no al mundo de los símbolos, que es donde más a gusto se mueve el nacionalismo de centro-derecha.
El Gobierno de Mas no puede comprometerse a dar auxilio jurídico a quienes incumplan la legalidad, como sí hizo hace unas semanas cuando algunos Ayuntamientos decidieron no colgar la bandera española en sus balcones. El pasado mes de marzo fue el mismísimo Homs quien garantizó “asistencia jurídica e institucional” a los Ayuntamientos que se negaran a izar la rojigualda.
Ahora no ha habido banderas al viento, sino un escueto comunicado del Gobierno catalán en el que advierte de que puede multar con 100 euros a quien no pague peajes. Todo en cumplimiento de la ley. Cuando el bolsillo está en juego, la legalidad es lo primero.
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