Cuestión de confianza

Los indicadores de la economía española, coyunturales o de fondo, muestran signos alarmantes de tensión y empeoramiento que no pueden ser explicados simplemente con la socorrida frase “esto tiene que empeorar antes de que mejore”. La prima de riesgo volvió ayer a trepar hasta los 437 puntos y cruzó de nuevo la frontera del 6% de diferencial con el bono alemán que enciende las alarmas de intervención; el Ibex 35 volvió a desplomarse ayer, esta vez el 2,76%, y se situó en un nivel incluso peor que en 2009, durante el momento más negro de la crisis financiera. La caída más acusada en Europa es la del índice español, hundido sobre todo por la desconfianza en los bancos. La reforma financiera impulsada por este Gobierno no ha resultado convincente. Bankia sigue siendo una incógnita y será imprescindible segregar el ladrillo de los balances para conseguir que vuelva el crédito a las empresas.

Además, se confirman las alarmas sobre una recesión prolongada. El Banco de España advirtió que durante el primer trimestre el PIB se ha contraído el 0,4%. Hasta donde llegan las proyecciones, solo se divisa más paro (este año la tasa subirá hasta el 24%) y más tensión en los mercados contra la solvencia española.

Con una situación económica y financiera que empeora a ojos vistas, el Gobierno está obligado, por responsabilidad, a preguntarse si es necesario abrirse a nuevas opciones de política económica. No es en el objetivo de déficit donde hay que centrar la discusión, porque es un compromiso adquirido con la Unión Europea. El gasto debe ser racionalizado y las autonomías sujetas a una disciplina fiscal organizada. Pero el problema es que la política económica vigente, basada tan solo en recortes continuos en el gasto público, está dañando aspectos esenciales del bienestar (sanidad, educación) sin que el Estado obtenga como contrapartida una retribución de los inversores en forma de más solvencia que mejore las condiciones del presupuesto (gastos financieros) a corto plazo. Al contrario, lo que se detecta es una retirada intensiva de la inversión extranjera.

Un observador imparcial concluiría que la política de ajustes drásticos no está sirviendo para recuperar la confianza de los mercados y que la indecisión en el saneamiento de la banca va camino de convertirse en otro intento fallido. Es posible que esa desconfianza tenga que ver con la práctica imposibilidad de bajar el déficit en cinco puntos de PIB en un ejercicio recesivo; o que los inversores recelen de recortes de gasto en educación o sanidad que se aplican sin memorias económicas y sin análisis de coste de oportunidad, lo cual los convierte en auténticas amputaciones de servicios básicos. Pero juegan otros dos mensajes perniciosos. El primero es el discurso machaconamente depresivo del Gobierno, empeñado en acentuar la pésima situación de la economía española y la obligación, bajo pena de quiebra, de seguir al pie de la letra un catecismo de recortes.

El segundo factor, y el más importante, es que la confianza de los inversores extranjeros no se gana solamente con el cumplimiento de los objetivos de déficit. Cualquiera puede recortar gastos hasta la extenuación de lo público. Los mercados compran estabilidad más crecimiento, es decir, ajustes más expectativas de mejora económica y de creación de empleo. Junto a la táctica de contención del déficit, el Gobierno ha de ofrecer a los inversores una estrategia de crecimiento. Esta es la consideración acertada de política económica; no hay que obcecarse en la idea errónea de que los recortes son reformas y, por tanto, crearán empleo. Si el obstáculo es la ortodoxia europea, será allí donde habrá que negociar fondos para organizar una reactivación. Y en caso contrario, habrá que calcular de qué margen fiscal se dispone para estimular el empleo. Esta es la auténtica cuestión de confianza.