Calles 'limpias' de prostitutas

El Ayuntamiento de Barcelona se propone prohibir la prostitución callejera mediante una modificación de la ordenanza de civismo aprobada en 2006 y que sanciona a prostitutas y clientes en determinadas circunstancias. La mayoría formada por CiU y PP ha aprobado inicialmente la modificación, a la que se opone el resto de grupos municipales.

La pretensión de prohibir la prostitución en la calle tiene su lógica en la potestad municipal de regular el uso que se hace del espacio público. La calle es de todos y hay muchas cosas que no se pueden hacer en ella. Las imágenes publicadas hace un tiempo por este diario de prostitutas ejerciendo en rincones y portales de Ciutat Vella mostraron un nivel de degradación que no debe tolerarse.

Diferentes ciudades han incluido en sus ordenanzas la prohibición de ofrecer o comprar servicios sexuales en la calle. El Gobierno de CiU ha apoyado la iniciativa de Barcelona enmarcándola en un plan más general destinado a aumentar la presión sobre prostitutas y clientes, como paso intermedio para alcanzar “el estado ideal último de la abolición”, según el consejero de Bienestar Social i Familia, Josep Lluís Cleries.

Plantearse la abolición de la prostitución parece un objetivo loable. El problema es que la mera prohibición de que se ejerza en la calle no implica necesariamente avanzar hacia la erradicación, algo que requeriría un valor político que hasta ahora no se ha demostrado. Al contrario. Según cómo se planteen esos pasos intermedios, en lugar de erradicar esta cruel forma de esclavitud, lo que se conseguirá es contribuir a ocultarla y a que se ejerza en condiciones todavía más penosas.

Tal como está planteada, la medida puede quedar en un simple guiño al electorado conservador, una forma de pasar una cortina para quitar de la vista una realidad que se prefiere ignorar. Es posible que la ciudad luzca más sin prostitutas en las calles, pero si solo se pretende eso, que no se vista con ropajes grandilocuentes. El problema de la prostitución es un asunto muy grave y algunos países lo han abordado con decisión, unos regulando su práctica, otros prohibiéndola totalmente. Ese, y no otro, es el meollo del debate.