Matas, capítulo primero

El que fuera presidente de Baleares por dos veces (1996-1999) y (2003-2007) y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar (2000-2003), Jaume Matas, ha sido condenado a seis años de cárcel en la primera de las causas relacionadas con el caso Palma Arena, que ha sido juzgada en la Audiencia de Palma de Mallorca. Matas fue acusado de haber entregado de forma fraudulenta casi medio millón de euros del erario público al periodista Antonio Alemany para que le redactara sus discursos, que luego este ensalzaba en medios propios o ajenos, como el diario El Mundo, a los que tenía acceso. A Alemany también lo condena el tribunal a tres años, nueve meses y un día de prisión por prevaricación, falsedad en documento público y mercantil y malversación de caudales públicos.

La causa que ha provocado la primera condena de Matas no es la más grave de las 26 abiertas sobre el polifacético caso Palma Arena, nombre del velódromo cuyo desfase entre el coste licitado y el final de su construcción —de 43 a 110 millones de euros— despertó todas las sospechas de gestión delictiva y enriquecimiento ilícito de la propia presidencia balear. Pero el pronunciamiento y, sobre todo, los argumentos empleados pueden avanzar los criterios jurídicos con los que el tribunal abordará el resto de las causas, una de ellas la que afecta a Iñaki Urdangarin, acusado de obtener ventajosos contratos públicos entre 2003-2006 con Matas y Camps en sus respectivas comunidades autónomas. No hay que olvidar que los delitos por los que ha sido condenado Matas —fraude a la Administración, falsedad en documento público y mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias— forman el núcleo delictivo de las causas restantes que esperan el veredicto de la Audiencia de Palma de Mallorca. Por eso, puede ser un punto de referencia para las que quedan pendientes.

De la primera sentencia del caso Palma Arena cabe resaltar la extensa y trabajada argumentación del tribunal —130 de los 170 folios de la sentencia están dedicados a los “fundamentos jurídicos”—, marcando el camino a seguir en un asunto de corrupción política cuyo más nimio fallo jurídico puede terminar en un fiasco ante los tribunales. Matas ha podido eludir la prisión preventiva mediante el pago de una fianza de 2,5 millones de euros, pero tendrá difícil librarse de la cárcel si el ministerio fiscal exige ejecutar su condena, como suele hacer en los casos de penas superiores a cinco años, aunque se recurran al Tribunal Supremo.

La comunidad autónoma de Baleares, una de las más pródigas en casos de corrupción política, cuenta ya con un presidente —Gabriel Cañellas— obligado a dimitir por este motivo. Ahora tiene al primer presidente condenado por una gestión corrupta del cargo y enriquecimiento ilícito. Lo que Matas hizo en Baleares no es un ejemplo a seguir en España, al contrario de lo que proclamó en su día el presidente Rajoy.