Sin disolución, nada

La izquierda abertzale prosigue su intento de alcanzar credibilidad política al menor coste posible. Ayer presentó un manifiesto “por un escenario de paz justa y duradera”, que contiene como novedad (relativa) una referencia explícita al “reconocimiento del dolor causado” a quienes denomina “víctimas del conflicto”. Novedad en cuanto parecen haber comprendido que ya no pueden ignorar a las víctimas de ETA a la hora de plantear su propia propuesta de cierre del terrorismo, centrada en el tema de los presos; pero relativa, porque hace ya seis años que Otegi reconoció de manera más clara que este documento que uno de los mayores errores cometidos por su grupo había sido “dar a entender que el sufrimiento de los otros nos daba igual”. Incluso ese reconocimiento elemental sigue planteándose en la práctica en el marco de un “conflicto” con víctimas por ambas partes.

Actualmente, la mayoría de las asociaciones de víctimas de ETA rechazan cualquier flexibilización de la política penitenciaria, que muchas otras personas consideran esencial para un final definitivo de la banda. El argumento de las víctimas es que no puede bastar con que ETA y su brazo político digan que cambian de estrategia por su propio interés para ganarse la impunidad penal e histórica tras tantos crímenes. Es un argumento fuerte que debe contrapesarse con la experiencia de situaciones similares en las que políticas de ese tipo fueron decisivas para afianzar el fin irreversible del terror.

El Gobierno es sensible a esa actitud de las víctimas pese a reconocer que hay que actuar con inteligencia “entre otras cosas para evitar escisiones”, como declaraba ayer mismo el ministro del Interior, en este periódico. El ministro también ha dicho que no habrá acercamientos de presos hasta que ETA se haya disuelto. Puede ser un compromiso demasiado tajante, pues se trata de una medida administrativa: no está condicionada por una ley, y es fácilmente reversible, lo que permite una utilización inteligente de la misma.

Pero la negativa de ETA a disolverse refuerza la desconfianza de quienes niegan que su cese sea realmente irreversible. Es evidente que si la banda diera ese paso, facilitaría con ello una aplicación más flexible de la legislación penitenciaria y seguramente reduciría la resistencia de las víctimas a aceptarlo. Si no lo hace es porque quiere mantener un pulso con las instituciones y partidos democráticos y demostrar que no cede a las presiones.

A su vez, al abstenerse a exigir de la banda su disolución, la izquierda abertzale da pábulo a la sospecha, no de que esté por la vuelta de ETA, que le perjudicaría más que a nadie; pero sí de que no ve mal que mantenga su presencia fantasmática para tener algo que negociar a cambio de la desaparición del espectro. El documento de ayer, lleno de tópicos y más retórico de lo habitual, se queda corto: no alivia la desconfianza y quema una oportunidad más de acelerar el desenlace, haciendo lo que de todas formas tendrán que hacer.