Buenas intenciones

Preocupado por aliviar el malestar social que está causando la recesión prolongada y el desempleo masivo, el Gobierno, a través del ministro Guindos, anunció ayer que está negociando con las entidades financieras un esquema de protocolos y buenas prácticas bancarias para limitar los desahucios. No es un problema menor, porque el número de casos de desalojos de viviendas derivado de impagos supera ya los 150.000 y cada uno de ellos se convierte en un doloroso recordatorio de la incapacidad política para aumentar la actividad y el empleo. El conjunto de propuestas de Guindos incluye un abaratamiento de los intereses moratorios (un cambio que no requiere estrictamente el acuerdo bancario); la recomendación de que una vez declarada la incapacidad para pagar la hipoteca, en casos de familias con todos sus miembros en paro, se demore durante dos años el desalojo; la sugerencia de que los primeros pagos realizados reduzcan el capital en lugar de los intereses; y, en algunos casos, la dación del inmueble.

A nadie se le oculta que el sistema que se entiende por dación (entrega de la casa por incapacidad de pago sin que el propietario sea responsable de lo que quede por pagar del préstamo contratado) no puede ser encajado fácilmente en los contratos vigentes por un notorio problema de retroactividad, y porque elevaría hasta niveles difícilmente soportables la tasa de morosidad de la banca. La solución más simple y práctica para el futuro sería la de favorecer el producto financiero que conceda préstamos en estas condiciones, es decir, que pueda resolverse antes de la amortización total del crédito mediante la entrega al banco de las llaves del inmueble. Pero ese préstamo sería más caro, se concedería a menos plazo y también exigiría más garantías del tomador.

Con todas estas cautelas, es evidente que el Gobierno se ha cargado de buenas intenciones en sus propuestas. Y también que buena parte de esas propuestas son recomendaciones que bancos y cajas aceptarán o no para el futuro en función de los estímulos fiscales o financieros que obtengan del Gobierno. No está claro que la desgravación fiscal de las provisiones (específicas) por el impago de la hipoteca sea incentivo suficiente para la banca. En todo caso, a efectos políticos y de gestión de los clientes, debería quedar claro, si llega a firmarse el acuerdo, cuánto hay de recomendación en estas medidas y cuánto de obligación legal.