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LA CUARTA PÁGINA
Tribuna
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La batalla contra los privilegios

El PSOE no puede limitarse a una posición conservadora de sus anteriores conquistas..El reto consiste en formular nuevas modulaciones de los ideales igualitarios que constituyen la izquierda

A raíz de la contundente derrota del Partido Socialista en las últimas elecciones generales, se han aventurado toda clase de diagnósticos y terapias dirigidas a este partido político. Quienes opinan desde fuera tienden a proponer tratamientos bastante extremos, ya sea la catarsis y la refundación, ya sea alguna suerte de ejercicio espiritual ignaciano que permita a los socialistas reencontrarse a sí mismos y descubrir qué es lo que hicieron mal. Entre quienes pertenecen al partido, sin embargo, la reacción mayoritaria ha consistido en replegarse, buscando protección dentro del caparazón del aparato a la espera de que vengan tiempos mejores.

No sé hasta qué punto las dificultades que atraviesa el PSOE son consecuencia de problemas organizativos y de personal. Los que militan en ese partido y tienen conocimiento íntimo de sus entresijos podrán opinar con mayor conocimiento de causa; en todo caso esos problemas son un asunto interno que les concierne sobre todo a ellos. En cambio, lo que nos afecta a todos los ciudadanos es el proyecto que pueda ofrecer el PSOE para ganarse la confianza de los votantes en el futuro. Y sobre ese proyecto se ha avanzado más bien poco hasta el momento.

Desde la aprobación de la Constitución en 1978, el PSOE ha gobernado 21 de los 34 años transcurridos, el 62% del tiempo. Esta cifra refleja la centralidad política del PSOE y las dificultades que ha tenido la derecha durante mucho tiempo para superar sus servidumbres originales con respecto al régimen anterior. En la primera etapa de gobierno socialista, bajo la dirección de Felipe González, el PSOE llevó a cabo la modernización económica y social del país. Al PSOE le tocó gestionar la construcción del Estado del bienestar, la reconversión industrial, la integración en la UE y en la OTAN, así como el desarrollo del sistema autonómico. En la segunda etapa, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, el PSOE renovó su discurso e introdujo elementos de la teoría republicana, que inspiraron un programa basado en la extensión de derechos civiles y sociales, así como en reformas democráticas. El primer proyecto, el de González, se centró en los servicios públicos universales; el segundo, el de Zapatero, en los derechos de ciudadanía.

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Sería catastrófico si, ante el embate de un PP con un poder institucional prácticamente hegemónico, el nuevo PSOE se limitara a intentar preservar sus conquistas. Si los socialistas se quedan en una posición meramente reactiva, conservadora, consistente en trazar unas líneas rojas que no pueden ser traspasadas, será muy difícil que consigan recuperar la confianza de la sociedad. No bastará con salir a defender el matrimonio homosexual y el derecho al aborto, ni con parapetarse detrás de la educación y la sanidad públicas. No digo que no haya que tomar posiciones de este tipo, pero de la misma manera que González y Zapatero ganaron las elecciones gracias a proyectos de cambio que despertaron la ilusión de muchos votantes progresistas, los líderes del PSOE tendrán que encontrar propuestas novedosas y atractivas que superen y vayan más allá de lo que hicieron sus dos secretarios generales anteriores. El reto consiste en formular nuevas modulaciones de los ideales igualitarios que constituyen la izquierda.

Corporaciones, bancos y grandes fortunas reciben  trato de favor frente al ciudadano común

En cierto sentido, el contexto de la crisis económica restringe bastante las posibilidades de lo que puede acabar proponiendo el PSOE. Por una parte, la crisis nos ha abierto los ojos: la "fatal arrogancia" de la que habló Hayek para referirse al socialismo se puede atribuir con mayor justicia a los economistas y gobernantes neoliberales que apostaron por la hipertrofia de un sector financiero desregulado. Por otra, hemos descubierto, en relación a la UE, que el diseño de la unión monetaria, cuya elaboración original correspondió a un comité formado por los gobernadores de los bancos centrales, es disfuncional, provoca graves tensiones internas y dificulta el ejercicio del autogobierno democrático. Hay aquí abundante material para la reflexión. Creo, con todo, que la base más firme para elaborar un proyecto político pasa por la constatación de que, a pesar del impresionante desarrollo de la igualdad jurídica y política de las democracias modernas, sigue habiendo desigualdades económicas enormes que se sustentan en la existencia de privilegios.

La existencia de esos privilegios explica que buena parte de la ciudadanía tenga la percepción, a mi juicio certera, de que el sistema no funciona igual para todos; que hay grupos que tienen un poder económico y político desmesurado y que influyen demasiado en decisiones colectivas que acaban orientándose a los intereses particulares y no a los generales. Se trata de una coalición de intereses, formada por las grandes corporaciones, los bancos y las grandes fortunas, que recibe un trato de favor frente al ciudadano común. Es esta coalición la que se ha aprovechado mayormente de las oportunidades de la globalización económica y financiera.

Es verdad que, durante la fase de expansión de la burbuja económica, casi todo el mundo ganaba con la globalización, aunque unos mucho más que otros. Sin embargo, con la crisis, la minoría privilegiada ha continuado ganando, mientras que importantes capas de la sociedad se han empobrecido y, en general, la población asiste atónita a la impotencia de los gobiernos nacionales para estimular el crecimiento y detener el deterioro de los servicios públicos.

Los privilegios se manifiestan en formas muy variadas. Por un lado, como privilegios fiscales. En casi todos los países desarrollados ha habido una competición a la baja en los impuestos de sociedades y en general en la fiscalidad que se aplica a la inversión, concentrándose la mayor carga fiscal sobre los asalariados. En España, el problema se agrava por un fraude fiscal muy extendido entre los autónomos y profesionales, fraude que los Gobiernos no se atreven a combatir. Por otro lado, las retribuciones que reciben los altos ejecutivos resultan simplemente ofensivas y tienen un efecto desmoralizador sobre el conjunto de la sociedad.

La nómina de ex presidentes integrados en grupos económicos es elocuente

Las grandes corporaciones, además, cometen múltiples abusos con los ciudadanos (en su papel de clientes o accionistas) y consiguen con facilidad un trato especial por parte de la Administración. A este respecto, resulta sumamente inquietante el fenómeno de las puertas giratorias, es decir, el tránsito de ida y vuelta entre la política y los consejos de administración de las grandes empresas. Si estas empresas contratan políticos es porque estos son capaces de hacer valer su influencia y sus contactos en beneficio de los intereses corporativos. La nómina de ex presidentes integrados en grandes grupos económicos es bastante elocuente (Blair, Schröder, González, Aznar, etc.). En España a veces no hace falta ni siquiera hacer girar la puerta: hay un número elevado de políticos, tanto de la derecha como de la izquierda, sentados en los consejos de las Cajas de Ahorro cobrando retribuciones indecentes.

Es importante subrayar que la lucha contra los privilegios económicos no supone fracturar la sociedad en dos mitades. Se trata más bien de corregir una asimetría brutal entre una minoría exigua, con poderes y recursos desproporcionados, y la inmensa mayoría de la sociedad. La socialdemocracia tiene que volver a pensar seriamente no tanto en las políticas concretas que quiere realizar desde el Gobierno, sino en cómo modificar las relaciones de poder que han permitido que la situación actual llegue a ser tan injusta. La izquierda socialdemócrata ha sido demasiado complaciente con los intereses financieros globales, con el diseño tecnocrático de la Unión Europea y con los grandes grupos empresariales. Esta, me parece, es una de las causas de su descrédito en muchos países. Si quiere renovar su proyecto y acabar con los privilegios económicos, tendrá que reflexionar sobre cómo pueden cambiarse unas relaciones de poder que resultan tan desfavorables para la mayoría de la sociedad.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense y autor de Más democracia, menos liberalismo (Katz)

 

 

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