Los refugiados del norte de África y la histeria de Europa

Esta entrada ha sido escrita porJOSEP BUADES SJ, Coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes - España.

Campo de refugiados de Shousha (Túnez). Foto: Amaya Valcárcel.

El pasado 2 de febrero, el Secretario de Estado de Seguridad, D. Ignacio Ulloa, presentó el Balance 2011 de la lucha contra la inmigración ilegal. En su comparecencia, explicó el ligero repunte de entrada irregular de personas inmigrantes como efecto de la inestabilidad sobrevenida en los países norteafricanos en la “Primavera Árabe”. El Balance publicado solo proporciona cifras globales de personas interceptadas en la entrada y de las acciones emprendidas, pero no indica datos relevantes sobre las personas que intentaron acceder a suelo español: nacionalidad, países que han atravesado durante su periplo migratorio y tiempo de estancia en países norteafricanos si es que proceden del África subsahariana, por qué han tratado de emigrar ahora si son nacionales de países magrebíes. Sin estos datos, es aventurado sentenciar que el repunte de entradas se debe a las Primaveras Árabes.

Con todo, sí hay datos suficientes para conocer los efectos de conflictos como los de Túnez y Libia sobre la población migrante. La prensa se hizo eco abundante de los 25.800 ciudadanos tunecinos que llegaron a costas italianas entre febrero y junio de 2011. Pero olvida a las personas que abandonaron Libia y buscaron refugio en Túnez o Egipto. Según fuentes del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), cerca de un millón de personas cruzó la frontera libia durante el periodo más álgido del conflicto armado. Entre ellos, había miles de refugiados y de demandantes de asilo. Personas que vivían en Libia y que no pueden regresar a sus países, tales como Somalia, Eritrea, Etiopía, Sudán e Irak, de los que huyeron al ser perseguidos.

Un año más tarde, todavía hay campos de refugiados en el sur de Túnez, como el de Shousha. En él malviven 3.500 personas, entre refugiados y migrantes de 22 nacionalidades. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lanzó en abril 2011 la Iniciativa Mundial para el Reasentamiento Solidario a favor de Libia. En noviembre presentó 1.450 casos del campo de Shousha para reasentamiento (2.043 personas en total) a 11 países. Quedaban 1.178 personas por presentar. Los Estados Unidos han aceptado examinar los casos de 1.519 personas, Noruega 547 y Australia 143. La respuesta de la Unión Europea ha sido un fracaso: inicialmente, sólo 192 casos admitidos a examen entre ocho Estados miembros: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. España aprobó una cuota de reasentamiento de 100 personas en 2011, por primera vez en la historia. ¿A cuántas reasentó? ¿A cuántas procedentes de campos de refugiados del Norte de África?

La admisión de contingentes de refugiados para su reasentamiento no implica que estos salgan inmediatamente del campo de refugiados. Son procedimientos largos y premiosos en los que el análisis de cada caso tarda entre 6 meses y 1 año por lo que respecta a los EE.UU. Entre tanto, siguen sufriendo las inclemencias del tiempo: frío en invierno, calor tórrido en verano, frecuentes tormentas de arena. Y sufren ataques y hostigamiento de bandas locales. Los hay que abandonan los campos de refugiados y regresan a Libia, o intentan la travesía a Malta o a Italia. El Ministerio del Interior de España, en su balance de 2011, habla de un ligero repunte de entradas: 1.811. No habla de los más de 1.500 casos de naufragio o desaparición de los que se tiene constancia en el Mediterráneo central.

España puede y debe realmente comprometerse a asumir algunas consecuencias de las Primaveras Árabes sobre los movimientos migratorios, reasentando en España a un número proporcionado de personas refugiadas que se encuentran en tierra de nadie, entre Túnez y Libia. Cambia la perspectiva: no se tratará ya de la lucha contra la inmigración “ilegal” de la que hablaba el Secretario de Estado; sino de la responsabilidad internacional de España para garantizar el respeto de los derechos de las personas refugiadas, cumpliendo las convenciones internacionales firmadas.