El juez preguntará a Urdangarin por los fondos públicos que recibió de Valencia y Baleares

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, interrogará al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por todos los hechos que guarden relación con "cualquier forma negocial" en virtud de la cual haya sido "perceptor de fondos públicos", tanto en el ámbito de la comunidad de Baleares como en la Comunitat Valenciana, así como por el "destino y tratamiento fiscal" que les hubiera dado.

La Generalitat valenciana, a través de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), y el Ayuntamiento de Valencia, a través de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, concedieron ayudas a Urdangarin para varios eventos por un inmporte de 3,7 millones de euros.

Así consta en el auto dictado por el juez en el que imputa al marido de la infanta Cristina, a su socio, Diego Torres; y a otras siete personas en la causa en la que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidía Urdangarin, y otras sociedades mercantiles vinculadas al yerno del Rey.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

En la resolución, en la que acuerda levantar el secreto del sumario que había decretado el 4 de agosto pasado, el juez Castro señala que el Duque de Palma debe dar cuenta de las actividades que haya llevado a cabo como persona física o en su condición de "representante, partícipe o vinculado, de hecho o derecho, a personas jurídicas", así como la relación de personas que "han participado en los anteriores hechos o que hayan devenido beneficiadas por los mismos".

El auto, que puede ser recurrido en apelación en un plazo de tres días, fija la declaración como imputado del yerno del Rey para el próximo 6 de febrero a partir de las 09.00 horas aunque le ofrece la posibilidad de solicitar "un adelanto de la convocatoria" si lo considera conveniente.

También están citados a declarar el próximo 5 de enero, a partir de las 9.30 horas, los también imputados Diego Torres Pérez; Ana María Tejeiro Losada, Marco Antonio Tejeiro Losada y Miguel Tejeiro Losada, Salvador Trinxet Llorca. El 25 de enero, a partir de las 9.00 horas, será el turno de José Luis Ballester Tuliesa, Gonzalo Bernal García y Juan Carlos Alía Pino.

El juez recuerda al Duque de Palma que, si no compareciera ni justificara "causa legítima" para no acudir a la declaración judicial, la orden de comparecencia podría convertirse en "una orden de detención".

También indica que, al no constar "domicilio propio en España" del imputado, se ha visto obligado a notificar esta resolución mediante "diligencia telefónica" al abogado Mario Pascual Vives, del que ha sabido que había asumido su representación letrada "a través de los medios" de comuniación.

De esta forma, el convocado podrá "personarse en la causa, recibir copia de todo lo actuado en ella y disponer del tiempo necesario para su estudio". También le recuerda que, tal y como contempla la legislación, podrá "declarar cuantas veces quisiere", de forma que le podría tomar declaración "inmediatamente" en función de "la disponibilidad de este Juzgado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas".

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 también señala que, a pesar de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la imputación judicial debe ser "puesta inmediatamente en conocimiento del presunto implicado", en este caso no ha podido "cumplirse totalmente" porque se habría frustrado la investigación sobre los hechos que indiciariamente merecen "reproche penal".

La investigación sobre el Instituto Nóos, que constituye una pieza separada del 'caso Palma Arena', saltó a la luz después de que el pasado 7 de noviembre el juez Castro autorizara el registro de la sede de la institución, en Barcelona, y de varias sociedades mercantiles vinculadas al marido de la infanta Cristina y su socio, Diego Torres. En total, se recogieron un total de 15 archivadores.

Las pesquisas parten de la sospecha de la Fiscalía Anticorrupción de que Urdangarin y su socio desviaron a través de esta fundación fondos públicos y privados procedentes de estas tres administraciones públicas para "apoderarse" de ellos. Para ello, fijaron precios "totalmente desproprcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

En el caso de Baleares, el montante ascendió a 2,3 millones de euros que el Gobierno de Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

En un auto, el juez Castro sostenía que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el 'caso Palma Arena'.

La Fiscalía cree que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente. Según la acusación pública, la "única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

De esta forma, pretendían aparentar que la fundación no perseguía "fines lucrativos" y "rodearse del prestigio social derivado de las actuacones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos".

En concreto, las entidades presuntamente utilizadas por ambos eran, según especifica el auto, Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management. La resolución indica que tanto Nóos como las sociedades vinculadas tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, lo que revela que el "control" de las mismas "estaba en manos de los dirigentes del Instituto Nóos".