La política de inmigración del PP va en la dirección equivocada

Foto: UNHCR/A.Rodríguez, Julio-Octubre 2007

Mientras mantiene un mutismo casi completo en todos los demás asuntos, el Partido Popular deslizó la semana pasada algunas primeras medidas relacionadas con la política migratoria. La más relevante -que no estaba en su programa electoral- es la eliminación del concepto de 'arraigo social', que permite a los inmigrantes sin papeles regularizar su situación tras cumplir tres años de residencia y contar con un contrato de trabajo.

El propósito declarado del PP en este ámbito es intachable: una inmigración ordenada y estable, basada en el principio de legalidad. Es difícil no estar de acuerdo con esta idea. Pero medidas como la eliminación del 'arraigo' van en la dirección equivocada.Si en algo están de acuerdo los estudios más serios sobre modelos migratorios es en la existencia de dos grandes factores de movilidad: un factor de empuje basado en la diferencia de ingreso (un fontanero peruano multiplica su capacidad adquisitiva por el simple hecho de trabajar en Europa o en EEUU); y un factor de atracción basado en la disponibilidad de empleo y la demografía en los países de destino (sociedades cada vez más envejecidas y cualificadas necesitan mano de obra que cubra ciertos trabajos y sostenga el futuro de los estados de bienestar).Esa es la explicación de que España haya experimentado recientemente un frenazo en la llegada de trabajadores extranjeros (de hecho, nos hemos convertido en un país de emigrantes) y la razón por la que volverán cuando cambie el ciclo económico.

Todo lo demás (el abaratamiento de los costes de transporte, la información, el idioma y, desde luego, los mecanismos de control en frontera) estimulan o atenúan la intensidad de estos factores, pero en ningún caso los sustituyen. Lo que sí pueden hacer es complicar mucho la vida de quienes vienen a nuestro país, y de paso empobrecer y envilecer a las sociedades que les acogen.

Cuando el PP propone estas medidas tan altisonantes contra la inmigración irregular debería preguntarse porqué solo 30.000 de los más de 5 millones de inmigrantes que residen en nuestro país se han acogido a los programas de fomento del retorno, incluso cuando la tasa de desempleo entre extranjeros llega a doblar a la de los nacionales. La explicación es muy simple: estas medidas no contemplaban la posibilidad de volver a intentarlo en el futuro, que es precisamente la garantía que cualquier inmigrante necesita. De este modo, la eliminación del arraigo solo expandirá y hará más inhumana la bolsa de inmigración irregular, además de negar a las sociedades de acogida los beneficios fiscales y sociales de una población plenamente integrada.

El portavoz del PP en inmigración, Rafael Hernando, puede contarle a sus votantes los cuentos que quiera, pero el hecho es que este modelo es tan malo para los tiempos buenos (en donde la puerta legal de entrada es demasiado pequeña para las necesidades del mercado de trabajo), como para los malos (donde los trabajadores extranjeros quedan atrapados sin empleo hasta que su situación es simplemente intolerable).

¿Cuál es la solución?: un régimen más flexible, un sistema de incentivos que contemple los verdaderos intereses de los inmigrantes para participar en el sistema y un ejercicio constante de pedagogía pública por parte de las instituciones y los partidos. Curiosamente, el PP incluye en su programa una serie de muy buenas ideas en este sentido (aunque Hernando las olvidó todas esta semana): eliminar las restricciones a la movilidad geográfica y sectorial de los trabajadores extranjeros; "congelar" los permisos de residencia y trabajo para que el inmigrante pueda retornar e intentarlo de nuevo en el futuro; e incluso han considerado un sistema de puntos que reduzca la burocracia asfixiante que rodea la concesión de un visado.

Y la más importante de todas: pelear por una Política Migratoria Europea que hasta ahora se ha limitado a repartir las mismas porras y uniformes entre los países fronterizos. Como demostró de forma dramática la crisis de los refugiados de Lampedusa, la coordinación de las políticas migratorias y la extensión de un mercado laboral único a los trabajadores no comunitarios ayudaría mucho a reducir las ineficiencias económicas y la insoportable radioactividad política asociadas a este asunto. Entonces podremos plantearnos realmente las mejores ideas, y no las que mejor se ajustan al miedo de los votantes.