La Xunta admite que los áridos tóxicos están mal almacenados junto a un río

La Xunta ha admitido hoy que los áridos que la empresa Manmer S.L., propiedad de Fermín Duarte -empresario imputado en la Operación Arena-, tiene almacenados en Cabanas (A Coruña), cerca del río Baa, están mal depositados, como así se constató en una inspección el pasado mes de marzo. Sin embargo, en la última visita, realizada este mes de noviembre, el Gobierno gallego le ha concedido "un plazo de dos meses" para adecuar su espacio de almacenaje a las condiciones requeridas por la Administración autonómica. Durante su intervención en comisión parlamentaria, el presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, ha reconocido que la empresa ha incumplido en diversas ocasiones los requisitos establecidos. En su relato, ha explicado que se abrió un expediente sancionador a la empresa tras comprobar que uno de sus tres centros de acopio en Galicia no tenía autorización, el de Cabanas, lo que motivó una multa de 900 euros por "una infracción leve y legalizable".

Ello motivó que el empresario solicitarse la autorización, que le fue concedida el 30 de marzo de 2011 bajo una serie de condiciones, entre las que se incluía que el material -árido asfáltico reciclado procedente de Holanda- debía estar bajo cubierta en una zona impermeabilizada antes de dos meses. Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones no fue vigilado y, hasta el 8 de noviembre -siete meses después-, no se comprobó que la empresa no había cumplido. En este momento, se le concedió un nuevo plazo de "dos meses" para adecuar sus instalaciones. Tras detallar este procedimiento, ha dejado claro Menéndez que si Manmer SL sigue sin cumplir las condiciones impuestas una vez concluyan estos 60 días "se le revocará la autorización" para el almacenaje. Sin embargo, estas explicaciones no satisficieron al diputado del BNG Fernando Branco Parga, quien ha ironizado con "la tremenda sanción" de 900 euros impuesta y ha criticado que el trato de la Xunta con esta empresa, "que no cumple absolutamente nada", es "exquisito".

"Es normal que se le trate con cariño, que se apueste por estas empresas de I+D+i", ha incidido, con sorna, el nacionalista, para preguntarse "en qué manos" está Galicia vista la actitud de la Xunta. De hecho, ha propuesto, tirando de sarcasmo, que el Gobierno gallego utilice "el erario público" para adoptar las medidas requeridas a la empresa. "Si lo hiciera la Xunta, sería de forma subsidiaria y se le pasaría la factura", ha replicado el presidente de Augas de Galicia para cerrar el debate.

Además, ante las dudas sobre el procedimiento expresadas por el parlamentario nacionalista, Menéndez ha asegurado que el procedimiento se ha hecho "de manera totalmente normal", siguiendo las tramitaciones que están "tasadas". En cuanto al estado del río Baa, situado a 50 metros del acopio, ha asegurado que "no existe afección", ya que todas estas cuestiones fueron revisadas "cuando salieron en los medios de comunicación".

El debate sobre los incumplimientos de esta empresa ha continuado de la mano de la diputada socialista Carmen Gallego en la citada comisión parlamentaria, quien ha recriminado a la Xunta que "no sancione la evidente falta de cooperación con la administración" de Manmer y se ha preguntado por qué el Ayuntamiento de Cabanas, gobernado por el PP, "no le multa" por ocupar suelo rústico sin autorización. "Todo esto tiene una explicación muy compleja para ustedes, que están teniendo una manga ancha que yo nunca vi en mi vida política", ha asegurado la exconselleira de Pesca, para exigir "aclaraciones" ante el "cachondeo" de esta empresa, cuyo propietario es el principal imputado de una operación en la que también figura el exdiputado popular Javier Escribano, imputado por cohecho y tráfico de influencias.

Después de que Gallego reprochase que se permitiera la entrada de "un residuo sin hacer ningún tipo de análisis", hasta que "posteriormente se comprueba que tiene hidrocarburos aromáticos policíclicos, muy conocidos en Galicia por la catástrofe del Prestige", el secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, ha explicado que el material "quedó excluido del régimen de control" porque venía avalado por "el marcado CE". En todo caso, en febrero de 2010 -entró en Galicia en junio de 2009- se sometió a un control en el que se detectó la presencia de hidrocarburos. No obstante, como su tasa es "inferior al 0,1 por ciento, no se puede calificar como peligroso", ha destacado, para advertir a renglón seguido de que "la presencia de contaminantes implica un riesgo, dependiendo del uso que se haga del material y de la posibilidad de exposición para el hombre y el medio ambiente". Así, ha alertado de que "existe un riesgo de afectación" al cauce del río próximo que puede tener efectos "contaminantes" para el medio ambiente y para el ser humano, al que "puede llegar a través de la cadena alimentaria". En cualquier caso, ha señalado que "hasta ahora" no se ha producido "ningún daño", pero ha asegurado que la Xunta "seguirá vigilante".

Por todo ello, según Justo de Benito, la Xunta decidió "paralizar la comercialización del producto con carácter preventivo" desde el mes de febrero de 2010 y, "en base a los principios de cautela", también se firmó una resolución "imponiendo medidas para su almacenamiento" -que no se han cumplido- y para "su uso en obra". "Pero no es un residuo, es un producto", ha puntualizado.