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El Ayuntamiento derriba una casa en la Cañada Real

La construcción ya había sido demolida en 2007, pero el propietario volvió a levantarla

El Ayuntamiento de Madrid ha derribado la pasada noche una construcción ilegal de la Cañada Real Galiana que ya había sido demolida y reconstruida hace cuatro años con la colaboración de los vecinos. El Servicio de Disciplina Urbanística ha dado la orden de derribo para una construcción ilegal situada en el número 40-A de la Cañada Real Galiana, una vivienda situada en el sector V de la Cañada Real, en una zona cercana al metro de Rivas-Urbanizaciones.

Abdul asegura que los operarios encargados de la demolición han llegado en torno a las cuatro de la madrugada junto a Unidad Móvil de Asistencia del SAMUR Social que les ha ofrecido un alojamiento temporal en alguno de sus albergues por un período de 15 días.

En enero la familia recibió la notificación de que la construcción sería derribada a partir del 24 de junio, día en que los niños terminaron el colegio. La oposición de los grupos contra los derribos y las movilizaciones de simpatizantes del 15-M, que acamparon frente a la casa frenaron la llegada de la piqueta aunque la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento, Pilar Martínez, precisó que la demolición se llevaría a cabo porque una orden judicial pesaba sobre la vivienda.

"Ha sido una sorpresa, estábamos todos en la casa y no nos lo esperábamos", ha señalado Abdul que insiste en que sus hijos empiezan el colegio el próximo lunes. La familia ha decidido esta tarde junto a los vecinos del poblado volver a levantar la vivienda, como ya hicieron en 2007. La familia, que por el momento está en casa de un vecino, ha convocado una reunión el jueves por la mañana para informar y empezar a recaudar el dinero necesario para alquilar una máquina que retire los escombros de la parcela donde hasta anoche se erigía el inmueble de dos plantas.

Este marroquí de 33 años vive desde 2004 en esta vivienda junto a su mujer y sus hijos de 7 y 4 años. "Se la compré a un español por 20.000 euros", dice. Todas las construcciones que se yerguen en el sector V del poblado (unas 800, según el censo del Ayuntamiento de Rivas) son ilegales. El hombre considera "injusto" que hayan tirado abajo su casa dos veces cuando en toda la Cañada residen de forma ilegal entre 25.000 y 40.000 personas.

El desalojo y derribo de esta edificación ha contado con la autorización judicial que, "respalda plenamente la legalidad de la actuación del Ayuntamiento y se pone de relieve el absoluto desprecio a las resoluciones administrativas y judiciales" del titular de la construcción, según el Consistorio.

El expediente de esta parcela se inició en el año 2005, cuando la Policía Municipal denunció la construcción de una vivienda sin autorización sobre suelo no urbanizable de protección de vías pecuarias. El Ayuntamiento de Madrid decretó entonces la suspensión de las obras y dictó orden de demolición de lo ilegalmente construido. Como el titular de la construcción no acató la decisión, se efectuó un primer derribo en octubre de 2007. Dos días después, el 20 de octubre, el mismo titular inició en esta parcela la reconstrucción del edificio, según consta en la denuncia presentada en esa fecha.

El ayuntamiento solicitó al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo autorización para el desalojo y demolición que se ha producido hoy. El órgano judicial ya había la denuncia al ocupante de la construcción ilegal para que hiciera las alegaciones que estimara oportunas. Según el consistorio, el auto de autorización de entrada en domicilio "respalda plenamente la legalidad de la actuación municipal", y antes de él "se ha tramitado un expediente donde se ha oído a la parte interesada, la cual nada impugnó". Además, el Juzgado hace hincapié que el propietario "ha actuado con absoluto desprecio a las resoluciones administrativas y judiciales" cuando volvió a levantar la construcción "casi al día siguiente de su demolición".

La disposición adicional primera de la Ley de la Cañada Real Galiana, que la Asamblea de Madrid aprobó en marzo, señala que las Administraciones acordarán con los afectados "representados por asociaciones acreditadas" todas las cuestiones derivadas de la "ocupación, desafectación y destino de los terrenos" de este poblado. Un compromiso que no se ha cumplido en el caso de Abdul, afirmó Javier Rubio en junio, un abogado que colabora desinteresadamente con los habitantes del asentamiento.

Amnistía Internacional (AI) ha censurado el desalojo que ha calificado de "violación de los derechos humanos" y ha exigido al Ayuntamiento de Madrid que ofrezca un alojamiento alternativo adecuado a la familia.

La directora adjunta de la organización en España, Eva Suárez-Llanos, ha argumentado que los afectados deben ser informados del desalojo y que los derribos deben ir precedidos de "consultas efectivas" previas. "El hecho de que se haya producido durante la noche también contraviene los estándares internacionales", haañadido Suárez-Llanos.

AI puso en marcha en abril una recogida de firmas en contra del desalojo de Abdul y Fátima que han suscrito hasta ahora 22.600 personas.

"El poblado vivió un boom a finales de los noventa por el incremento de la inmigración, la escalada en el precio de la vivienda y el hecho de que durante 30 años la Cañada hubiese estado tolerada por las Administraciones", explicó Rubio. Aunque las construcciones son ilegales los habitantes del poblado están empadronados y el Ayuntamiento cobra a los propietarios el IBI. "Durante 10 años ha estado trabajando en la construcción. Levantando los pisos que compraban los españoles. Ahora no solo le tiran su casa sino que debe abonar los costes de la demolición", contó el abogado.