El Ayuntamiento de Madrid comienza el censo de la Cañada Real

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado el 1 de junio a hacer el censo en la zona de la Cañada Real que discurre dentro del término municipal de la capital. Un equipo de 20 personas recorre la Cañada Real con el fin de localizar y censar a sus habitantes. Según el Ayuntamiento, este es el primer paso que establece la Ley de Cañada Real, aprobada por el Gobierno regional en marzo de 2011.

La ley fija un periodo de seis meses para que los ayuntamientos afectados, Madrid, Rivas y Coslada realicen el censo y, tras este trabajo de campo, se llegará al Acuerdo Social que fijará los criterios y estrategias a seguir. La elaboración del censo no paraliza las actuaciones de disciplina urbanística iniciadas con anterioridad, por lo que se seguirán llevando a cabo si así lo dictamina un juez, ha puntualizado el Ayuntamiento.

Por su parte, los vecinos de la Cañada Real convocados por la Asociación vecinal Al-Shorok se han concentrado hoy frente al Palacio de Cibeles para exigir el fin de los derribos de viviendas habitadas y ha entregado en el Consistorio unas 13.000 firmas de apoyo a la paralización. Varias decenas de personas han participado en la concentración portando un pancarta que decía: "no es justo derribar casas habitadas por familias, el derecho a la vivienda es legitimo".

El Ayuntamiento de Madrid continúa derribando viviendas sin ofrecer "ninguna alternativa" de alojamiento a las familias afectadas, a pesar de la aprobación de la Ley 2/2011 de la Cañada Real, que establece un plazo de dos años para negociar un acuerdo en la zona, según ha explicado un miembro de la asociación Al-Shorok.

Esta misma asociación ha explicado en un comunicado que el Ayuntamiento de Madrid, al mismo tiempo que realiza un censo de familias en la Cañada Real, a través de la Empresa municipal de la Vivienda (EMV), según establece la Ley 2/2011, ejecuta demoliciones de las viviendas de las familias a las que está censando. Los concentrados han denunciado que el Ayuntamiento está "colocando" a cientos de familias en situación de desamparo y que contradice el sentido de la Ley 2/2011.