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Un tribunal ordena a Aguirre cumplir la sentencia de la M-501

Una sentencia de la TSJM de 2008 obligaba a la Comunidad a paralizar el proyecto y amenazaba con la restitución de los terrenos a su estado original

Un tribunal ordena a Aguirre cumplir la sentencia de la M-501

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declaró nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la M-501 y que obligó en última instancia al Gobierno regional a restituir la zona afectada a su estado original. La M-501, conocida como la carretera de los pantanos, une el oeste de la capital con la provincia de Ávila.

El pasado 12 de junio se cumplió el plazo legal concedido para que la Comunidad de Madrid cumpliera de forma voluntaria con la sentencia firme emitida por el Tribunal Supremo. Transcurrido el plazo sin que se haya cumplido la sentencia, el pasado 2 de julio Ecologistas en Acción solicitó la ejecución forzosa, que el TSJM ha ordenado, en una sentencia firmado el 15 de julio y notificado ayer al grupo ecologista y la Comunidad.

En una nota de prensa Ecologistas en Acción ha valorado "muy positivamente el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Ahora los ecologistas esperan que "la Comunidad de Madrid cumpla con el mandato legal sin más dilación".

El TSJM, en el auto, ha acordado que la Comunidad de Madrid tiene que informar a la sala "de las medidas adoptadas en el término de quince días". En el caso de no cumplir la sentencia informa de que se puede adoptar "las medidas necesarias para lograr su efectividad" o que se puede imponer "multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".

Los servicios jurídicos de la Comunidad están analizando el auto del TSJM, según una nota de prensa de la Consejería de Transportes, y "presentarán las alegaciones oportunas que garanticen la mejor defensa de los intereses de los madrileños en cuanto a seguridad vial y conservación del medioambiente".

El departamento que dirige Antonio Beteta ha subrayado en el comunicado que el desdoblamiento de la M-501 ha conseguido el objetivo del proyecto: convertir una de las carreteras más peligrosas de la región en una de las más seguras. Según sus datos, desde que el tramo desdoblado se abrió al tráfico hace tres años "no se ha producido ni una sola víctima mortal".

La M-501 une la periferia de la capital con la provincia de Ávila (70 kilómetros) y gran parte es ya autovía, aunque falta un tramo hasta el límite con la provincia de Ávila. Desde que se inició el proyecto, los ecologistas denuncian que se trata de un "atentado ecológico", mientras el Gobierno regional de Madrid esgrime la siniestralidad de la carretera y los atascos. Primero se acometió la ampliación desde la M-40 a Quijorna (22 kilómetros), atravesando el parque regional del río Guadarrama.

En 2006 se duplicaron los 18 kilómetros de Quijorna a Navas del Rey -la actuación declarada nula- y la obra se llevó a cabo sin la preceptiva declaración de impacto ambiental -el informe que evalúa los posibles daños al entorno o a la población de un proyecto- y sin y el trámite de consulta previa a la Comisión Europea.

El Gobierno regional sorteó el problema esgrimiendo que la obra era de interés general. Contaba con el beneplácito de los 12 alcaldes de la zona, incluidos los socialistas. Pero no con el de Ecologistas en Acción, que denunció las obras ante el TSJM y la Unión Europea. "En la zona se encuentra la zona de especial protección de aves de los ríos Cofio y Alberche y existían alternativas para mejorar el trazado sin aumentar los carriles", explicó la asociación entonces. Además, el proyecto había sido descartado en 1998 por Alberto Ruiz Gallardón (entonces presidente de la Comunidad madrileña). Tenía un informe negativo de la Consejería de Medio Ambiente, además de un estudio del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que lo desaconsejaba por los daños ambientales.

En febrero de 2008, con las obras muy avanzadas (empezaron en julio de 2006), el TSJM anuló los acuerdos de la Comunidad que aprobaba el desdoblamiento. En su sentencia, los magistrados declararon "la nulidad de pleno derecho de dichas resoluciones, reponiendo el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fueron dictados con, en su caso, la restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto al que se refieren los actos nulos".

La Comunidad siempre ha argumentado que "en ningún caso la sentencia del TSJM exige el levantamiento de la carretera, sino que obliga a subsanar un error de procedimiento que la Comunidad considera ya subsanado".