Mintra 'muere' sin las auditorías que reclaman PSOE y UPyD

La comisión de Transportes e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid ha dado luz verde esta mañana a la supresión de la empresa pública Mintra, dedicada a las ampliaciones de Metro y cuya disolución ya quedó aprobada, como proyecto, el pasado 7 de julio. Se someterá a una auditoría interna de la Intervención General de la Comunidad, que analizará sus cuentas y la legalidad de su gestión y, pero no externa, para que se que evalúe también su eficacia, como pedía el PSOE, o que sea el Estado quien la audite, como solicitaba UPyD.

La comisión ha debatido las enmiendas parciales de los grupos al proyecto de ley de extinción de Mintra, que se votará finalmente en el pleno del próximo miércoles. El consejero de Transportes e Infraestructuras, Antonio Beteta, explicó esta semana en el pleno de la Asamblea que la supresión de esta empresa va a suponer un ahorro de 1,4 millones de euros anuales y que se enmarca dentro de la política de recortes del sector público. Ya han sido despedidos cuatro de sus 61 trabajadores -dos conductores, un auxiliar administrativo y un ingeniero de caminos-, que tenían un contrato laboral y que recibirán una indemnización de 20 días por año trabajado. El Gobierno regional se ha comprometido a mantener los contratos del resto de trabajadores, que pasarán a depender de la Dirección General de Infraestructuras.

Unas auditorías "absolutamente serias y profundas"

PSOE y UPyD habían solicitado en sus enmiendas que antes de su extinción Mintra se someta a una auditoría "externa" para analizar sus cuentas y toda su gestión desde enero de 2011 hasta la fecha en la que se disuelva. En concreto, el PSM exigía que fuese la Cámara de Cuentas quien analizase la gestión y que hiciese una auditoría "integral", en la que no sólo se evaluasen las finanzas, sino también la legalidad de su actuación y la "eficiencia" de su labor. UPyD, por su parte, pretendía que fuese la Intervención General del Estado la que llevara a cabo la fiscalización.

En la sesión de esta mañana, el socialista Antonio Fernández Gordillo ha pedido la rendición previa de cuentas de la empresa antes de su extinción, mientras que la parlamentaria del partido magenta Loreto Ruiz de Alda ha vuelto a reclamar que intervenga el Estado para que "el proceso de liquidación debe llevarse a cabo con la máxima transparencia". El PP ha rechazado ambas peticiones, ya que, según ha explicado el diputado Pedro Muñoz Abrines, el organismo competente para auditar Mintra es la Intervención General de la Comunidad de Madrid que, además, no sólo evalúa solo las cuentas, sino también la legalidad de todos los procedimientos de contrataciones o compras que haya hecho.

Abrines ha explicado que la empresa ha sido fiscalizada año tras año, con auditorías "no de trámite, sino absolutamente serias y profundas", y que lo mismo se hará con su actividad desde enero de 2011 hasta su disolución. También ha considerado "absurdo" reclamar una auditoría del Estado porque no es la competente. Lo que sí ha hecho el popular es ofrecer una enmienda transaccional para que Mintra se someta a una auditoría de la cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, pero no ha sido aceptada.

IU, por su parte, había presentado enmiendas de supresión de todos los puntos del proyecto de ley al entender que la extinción de Mintra "es el primer paso para una privatización encubierta" y no responde a los motivos alegados por el Gobierno regional. Ni supondrá un ahorro y, en todo caso, eso puede ser la excusa para extinguirla, ha asegurado la diputada Marisa Moreno, que ha explicado que su grupo no respalda ninguna enmienda de otros grupos porque no es un proyecto que se deba mejorar, sino rechazar.