El camino de Bildu hacia las elecciones del 22-M

Desde que Bildu se presentó el pasado 4 de abril en un acto público, la mayoría de las formaciones políticas dieron por sentado que esta coalición -formada por EA, Alternatiba e independientes- era otro intento más de la izquierda abertzale para concurrir a las elecciones locales y forales del 22 de mayo. El hecho de que se dieran a conocer dos días después de que el Tribunal Supremo impidiera a Sortu inscribirse en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior, y cuatro antes de que venciera el plazo legal para la presentación de coaliciones electorales, evidenciaba para el PP y el PSOE que Bildu era el plan B de Batasuna para participar en los comicios.

La coalición presentó un total de 254 listas electorales el 18 de abril. Que Bildu estuviera compuesto por dos partidos de intachable trayectoria democrática (EA y Alternatiba), que se proclamara como una "opción legal para apoyar el proceso de paz y normalización abierto en Euskal Herria" y que exigiera a todos los candidatos firmar un compromiso de oposición al uso de la violencia, no fue óbice para que el Consejo de Ministros acordara, dos días después, diera instrucciones a los servicios jurídicos del Estado para impugnar, "si lo creían conveniente", las candidaturas de la coalición soberanista. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó de que la policía había entregado un informe a la Fiscalía y a la Abogacía en el que se señalaba que Bildu era el plan B de Batasuna. "Todo eso será el material de que dispongan para decidir si impugnan o no, en cuyo caso irán al Tribunal Supremo, que será quien finalmente decida si las listas son o no legales", indicó Rubalcaba.

La Abogacía General del Estado presentó a mediodía del día 27 de abril ante el Supremo dos recursos, uno contra las candidaturas de Bildu y otro contra las 16 agrupaciones electorales vinculadas presuntamente a la izquierda abertzale. En el escrito -basado en cinco informes de la Policía, tres de la Guardia Civil y uno de la Ertzaintza-, se concluía que la coalición era "un vehículo formal para presentar candidatos de la izquierda abertzale que está gestionado, dirigido, coordinado y articulado", por ésta. También se determinada que "existe un plan de ETA, dentro de su estrategia articulada en torno al autodenominado Proceso Democrático de acumular fuerzas, esto es, de reunir en torno a su estrategia al mayor número posible de fuerzas políticas que estén dispuestas a colaborar con su estrategia". Entre los cinco documentos incluidos en el recurso se incluyeron dos que, en opinión de la Abogacía del Estado, demostraban que "la coalición se diseña y ejecuta desde el mundo de Batasuna".

Al día siguiente la Fiscalía presentó otros dos recursos contra todas las listas de Bildu y 18 agrupaciones electorales. El ministerio público argumentaba que "las candidaturas han sido instrumentalizadas por Batasuna para presentarse" a las elecciones. En el escrito se aportaban documentos que "ya fueron apreciados por la Sala en relación con Sortu, en los que se reflejaba la intención de 'sumar esfuerzos para avanzar en el proceso democrático', según expresión de la formación ilegalizada". La Fiscalía destaca "el abrumador porcentaje" de candidatos supuestamente independientes que superan la suma de los partidos legales.

Bildu presentó un día después sus alegaciones en las que negaba haber nacido para dar continuidad política e institucional a las conductas que dieron lugar a la ilegalización de Batasuna y ser "el complemento y apoyo político de la acción violenta de ETA". Los defensores de la candidatura mantenían que la identificación de los denominados "independientes" como candidatos que representarían a Batasuna "no se sustenta en elementos o datos objetivos" y recordaban que todos sus miembros se habían comprometido ha rechazar la violencia.

El Tribunal Supremo falló la noche del 1 de mayo anular todas las listas de Bildu. De los 16 magistrados que integran la Sala especial del 61, nueve votaron a favor, seis en contra y uno se mostró partidario de estimar parcialmente los recursos en contra de Bildu. Los argumentos que la mayoría de los jueces tuvieron en cuenta fueron los expuestos por la Abogacía del Estado. El Supremo concluyó que la coalición se había erigido en un "cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA".

La coalición soberanista presentó su recurso de amparo ante el Constitucional el 4 de mayo. En su escrito de 95 folios, Bildu afirmaba que aunque se entienda acreditada la condición de ETA-Batasuna de defraudar la sentencia que ilegalizó a la formación abertzale en 2003, "no se ha acreditado su materialización en Bildu", es decir, que no se había culminado "en la articulación de unas candidaturas instrumentalizadas al servicio de los intereses electorales de los partidos políticos ilegalizados". La coalición insistía en que, sobre la base de los documentos incautados y analizados, "puede razonablemente deducirse que, en efecto, ETA-Batasuna concede cierta relevancia a los procesos electorales, y que pretende servirse de algún modo de esa oportunidad para sus fines, e incluso que persistían en ese planteamiento con vistas al proceso electoral". Bildu también decidió recusar a uno de los magistrados de la Sala Segunda, Fernando Hernando, por haber presidido en 2003 la Sala del 61 que ilegalizó Batasuna. Recusación que fue rechazada al día siguiente por el Alto Tribunal.

El Tribunal Constitucional ha revocado, casi 24 horas después, la decisión del Supremo y ha autorizado la concurrencia de Bildu a las elecciones del próximo día 22. La decisión la tomó el Pleno por un voto de diferencia, seis votos a favor y cinco en contra. En el fallo -aún no se conoce el texto de la sentencia- el tribunal afirma que se había vulnerado el "derecho a la participación política" de la agrupación. Horas antes la Sala Segunda, encargada en un principio de resolver el amparo de Bildu, había terminado su votación en empate: tres votos a favor de la anulación de las listas de la coalición y tres en contra. Su presidente, Eugenio Gay, declinó hacer uso de su voto de calidad para resolver el empate, por lo que la decisión final fue avocada al Pleno. En sus deliberaciones, la sala "lamentaba" que el Supremo hubiese hecho un "pormenorizado escrutinio" sobre "el historial político y judicial de los candidatos", cuando no había "quedado acreditada trama o estrategia fraudulenta alguna".