El Gobierno autoriza a la Abogacía del Estado a recurrir las listas de Bildu

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Abogacía del Estado a que si lo estima procedente recurra las candidaturas de Bildu de las que sospeche que son herencia de la ilegalizada Batasuna. El vocepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha puntualizado que se trata de una autorización a los servicios jurídicos del Estado para que, si creen conveniente impugnar las listas de la coalición soberanista "lo puedan hacer".

El acuerdo insta a emprender las acciones procesales y judiciales necesarias para impedir o anular la procalamación de aquellas candidaturas que pretendan suceder a partidos ilegalizados.

El Supremo ya citó un documento de ETA que diseñaba una coalición

La policía ha entregado ya un informe a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado en el que se señala a Bildu como el plan B de Batasuna. Y en los próximos días emitirá otro informe similar la Guardia Civil.

Rubalcaba ha indicado que "todo eso será el material del que disponga la Abogacía y la Fiscalía para decidir si impugnan o nom en cuyo caso irán al Tribunal Supremo, que será quien finalmente decida si las listas son o no son legales".

Decisión "injustificable"

La coalición abertzale ha calificado de "impresentable, gravísima e injustificable" la persecución a la que se ve sometida. En un comunicado tras conocer el anuncio realizado por el Gobierno, Bildu se ha definido como una "opción legal y legítima" que se configura para "apoyar el proceso de paz y normalización abierto en Euskal Herria". La formación denuncia "la persecución ideológica que lleva a cabo PSOE y PP" y advierte que el criterio de basar la anulación de las listas en la presencia de familiares o personas que en pasado "militaron o colaboraron con opciones de la izquierda abertzale" haría imposible la presencia en las elecciones de todos los partidos políticos, inlcuidos PSN, PSE, PNV, IU, EB o Aralar.

Bildu finaliza advirtiendo de que "ni las amenazas, ni los vetos van a impedir truncar las aspiraciones de paz y normalización política de la mayoría de la sociedad vasca". El comunicado de la coalición es similar a las palabras que esta mañana, antes de conocer la decisión del Consejo de Ministros, ha pronunciado Pello Urizar, el secretario general de EA, -una de las formaciones que junto con Alternatiba e independientes abertzales integra la coalición sobreanista-

Urizar ha advertido a quienes quieren impedir que Bildu concurra a las elecciones del 22-M que "se van a tener que inventar las pruebas" y deberán usar "razonamientos políticos" porque no van a poder encontrarlos de carácter jurídico. En declaraciones a Radio Popular, el dirigente ha dicho tener "claro" que "nadie puede poner en duda" que tanto EA como Alternatiba tienen "una trayectoria nítida e intachable por la defensa de los derechos humanos, políticos y civiles, y en contra de la violencia". Urizar ha reclamado el fon de lo que él considera "una caza de brujas".

El PP quiere a Bildu fuera del 22-M

El PP quiere que el Gobierno impugne todas las listas de Bildu a las elecciones autonómicas y forales del 22 de mayo, en lugar de actuar de forma selectiva solo contra algunas claramente "contaminadas".

Fuentes del PP explican que el responsable de Justicia e Interior del PP, Federico Trillo, está en contacto permanente con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para buscar una fórmula para impedir la presencia en las urnas de candidatos vinculados al entorno de ETA. La dificultad es que esta vez no es una formación o candidatura creada expresamente para esta formación, sino que se utiliza como plataforma a partidos legales.

Los servicios jurídicos del Estado dudan de si impugnar lista por lista o si impugnarlas en bloque, para que el Tribunal Supremo pueda decidir. El Gobierno tomará la próxima semana la decisión, pero, en principio, se inclina por buscar la forma de proceder contra todas sobre la base de uno de los argumentos del Tribunal Supremo, que sirve también de prueba principal del informe de la policía. El ministro del Interior ha explicado que en ningún caso se puede ilegalizar una coalición en concreto, sino los partidos que forman parte de ellas.

En la sentencia que denegó la inscripción de Sortu, el Supremo se remitía a un documento de ETA que hablaba de crear un "gallinero de partidos", usando formaciones legales como EA, a la que citaba expresamente. La impugnación global se basaría, precisamente, en el hecho de que Bildu sigue ese diseño.

El PP asegura que lo que se quiere evitar es que ocurra como con ANV en las anteriores elecciones, cuando se impugnaron solo algunas listas y terminaron por colarse otras que luego se mostraron claramente vinculadas a la izquierda abertzale ilegalizada.

La vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, citó ayer expresamente el precedente de ANV. El Gobierno cuenta esta vez con instrumentos jurídicos nuevos como consecuencia de las reformas legales que pactaron PSOE y PP recientemente. Por ejemplo, la ley les permite ahora anular listas de una formación limpia sin ilegalizarla, cuando se compruebe que tiene vínculos con ese entorno de ETA o que incluye a candidatos "contaminados".

Además, puede impugnar las candidaturas casi hasta el mismo día de las elecciones si surgen nuevos datos en la investigación. Por último, cuentan con la "incompatibilidad sobrevenida", según la cual los cargos electos de un partido o coalición que sea ilegalizada perderán su escaño, salvo que en el plazo de quince días formule voluntariamente una declaración expresa de separación y rechazo de las causas que determinaron la ilegalidad.

Las listas de Bildu, bajo la lupa de las Fuerzas de Seguridad