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Condenado a tres años de prisión un policía por estafar a parados e inmigrantes

La Audiencia de Barcelona ha rechazado aumentar la pena al agente aplicándole el agravante de abuso de autoridad

La Audiencia de Barcelona ha condenado a tres años y medio de prisión a un policía nacional por varias estafas a personas a las que prometió conseguirles trabajo o tramitarles el permiso de residencia a cambio de dinero.

En su sentencia, la sección tercera de la Audiencia condena al agente, José Alberto Sánchez, por un delito continuado de estafa cometido entre los años 2008 y 2009, aunque descarta aplicarle la agravante de abuso de autoridad que planteaba la Fiscalía.

Según cree probado el tribunal, el policía inició su cadena de estafas en el año 2008, cuando, aparentando tener una estrecha relación con personas de un grupo de comunicación, prometió a un hombre que se había quedado en el paro un empleo como jefe de seguridad del mismo, a cambio de 4.000 euros. En la misma época, el acusado entró en contacto con dos inmigrantes sin papeles, que llevaban tres años en España sin conseguir regularizar su situación, y que le entregaron 600 euros para que les tramitara la documentación necesaria para obtener su permiso de residencia, sin que el acusado llegara a realizar gestión alguna en ese sentido.

A un compañero de trabajo, el policía le estafó 500 euros asegurándole que realizaría las gestiones necesarias para conseguirle el título de Patrón de Embarcaciones de Recreo. Asimismo, entre abril y junio de 2009 el procesado consiguió 1.337 euros de otra persona con la que se comprometió a realizar las gestiones encaminadas para que pudiera montar una empresa de seguridad.

El tribunal admite que en la mayoría de casos las víctimas de las estafas sabían que el acusado era policía nacional, razón por la que confiaron que podía ayudarles a obtener trabajo, el permiso de residencia o las licencias para constituir una nueva empresa de seguridad. No obstante, la sala cree que en ninguno de esos casos consta que el acusado abusara de su cargo para cometer la defraudación, motivo por el que rechaza aumentarle la pena en aplicación de la agravante de abuso de autoridad.