Arrestados 21 inspectores de ITV en Alicante por vender 33 caravanas no aptas para circular
En la operación también han sido detenidas otras seis personas implicadas en la venta de los vehículos siniestrados en las inundaciones de Francia de 2008
La Guardia Civil ha desmantelado una red que operaba en las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Alicante, dedicada a vender 33 caravanas siniestradas en las inundaciones de Francia de 2008, no aptas para circular. Entre los arrestados hay 21 inspectores de ITV, cinco ingenieros industriales y el gerente de la empresa que adquiría los vehículos. La investigación ha cifrado el monto de la estafa en 1.050.000 euros.
La operación se remonta al verano de 2010, cuando los agentes del instituto armado tuvieron conocimiento de la venta de esos vehículos, que deberían sido destruidos dado se avanzado grado de deterioro a causa de las riadas del país vecino. Como consecuencia de esas lluvias torrenciales fueron declaradas siniestro total e inservibles un total de 414 caravanas. Los vehículos fueron adjudicados una empresa de la República Checa para su desguace. Sin embargo, la empresa optó por volver a ponerlos en mercado con ligeros retoques a los vehículos, como soldar los largueros cortados. También sustituyo las placas de los números de identificación por pegatinas falsas y nuevos troquelados.
Más adelante, una empresa radicada en Alicante compró 33 de esas caravanas a la mercantil checa, a 9.000 euros la unidad. Para su circulación en España, los vehículos pasaron varios informes favorables de manera ilegal, ya que vulneraban la legislación española y estatal por el riesgo que entrañaban para la seguridad del tráfico. Los ingenieros detenidos fueron los que expidieron las tarjetas de inspección técnica falsas.
Con la documentación aparentemente en regla, la empresa puso a la venta las caravanas por cantidades de entre 35.000 y 45.000 euros la unidad. Los compradores han sido todos ciudadanos españoles.
La Guardia Civil imputa a los arrestados los delitos de falsedad documental, contra la propiedad industrial y estafa. Los detenidos han pasado a disposición judicial.
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