Dos casos, un presidente autonómico y otros nueve acusados
Génova aplica una doble vara de medir para los escándalos que salpican al PP en la Comunidad Valenciana
Francisco Camps
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), ha sido imputado por cohecho por aceptar regalos de la trama Gürtel. Siempre ha negado los hechos, aunque en público ha insistido en que él se paga sus trajes. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, en cambio, unir al caso de los regalos otros siete supuestos delitos de corrupción, incluidos la financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y de 2008; cohecho propio; prevaricación en la adjudicación de contratos; delitos fiscales, y de falsedad en documento mercantil.
Jorge Bellver
Jorge Bellver, concejal del equipo de Rita Barberá, está imputado por prevaricación a causa de haber aprobado la construcción de un aparcamiento bajo el jardín de Monforte sin el preceptivo informe de la Dirección General del Patrimonio. Cuando sea elegido diputado podrá acogerse a su condición de aforado para exigir que su juicio se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El fiscal pide para Bellver ocho años y medio de inhabilitación para cargo público.
Ricardo Costa
Ricardo Costa está imputado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo en relación con los regalos que habría recibido de la trama Gürtel, mientras la Fiscalía Anticorrupción pide que, al igual que Rambla, se le investigue por un supuesto delito electoral vinculado a los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008. A raíz de su implicación en la ramificación valenciana del caso Gürtel, la dirección nacional le suspendió temporalmente de militancia y fue relevado de sus cargos como secretario general del PPCV y portavoz del grupo popular en las Cortes valencianas. Actualmente, Costa mantiene su cargo como diputado autonómico y es el coordinador del área económica de su grupo parlamentario.
Milagrosa Martínez
La Fiscalía Anticorrupción considera que cuando era Consejera de Turismo pudo cometer un delito de cohecho cuando, a principios de 2006, aceptó como regalo de Orange Market un reloj de 2.400 euros poco después de haberle otorgado por segunda vez el contrato del pabellón valenciano en la feria Fitur y de haber contratado a dedo en varias ocasiones a la empresa de Álvaro Pérez, cabeza en Valencia de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión.
Vicente Rambla
La Fiscalía Anticorrupción implica al vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, en dos supuestos delitos electorales por financiación ilegal del PP valenciano en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008.
David Serra
El diputado autonómico y vicesecretario de Organización del PP valenciano habría participado, según la Fiscalía Anticorrupción, en los delitos electorales cometidos en 2007 y 2008 por la financiación irregular de las campañas del partido a través de la red Gürtel.
Yolanda García
La diputada autonómica es tesorera del PP valenciano y está implicada, según el escrito presentado por la fiscalía especial ante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los supuestos delitos electorales de los años 2007 y 2008.
Sonia Castedo
El fiscal imputa a la Concejal de Urbanismo de 2003 a 2010 y alcaldesa desde septiembre de 2008 de Alicante de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal describe tres supuestos hechos delictivos. El primero está relacionado con una supuesta información privilegiada a Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU. El segundo hecho delictivo se refiere a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con la edificabilidad en programas urbanísticos. Y el tercero se vincula a la remodelación del estadio Rico Pérez a favor de los intereses de Ortiz.
Luis Díaz Alperi
El fiscal acusa de los mismos delitos a Díaz Alperi. En cuanto a las supuestas dádivas que el ex regidor pudo recibir del promotor y dueño del Hércules C. F., Enrique Ortiz, cita el viaje en el yate del éste a las Baleares en el verano de 2008 y el pago de otro viaje en avión a Grecia. El informe policial del caso Brugal destaca la compra de suelo en paraje protegido de Agua Amarga y en su área de influencia para trasladar luego los aprovechamientos urbanísticos en áreas urbanizables.
Pedro Ángel Hernández Mateo
El alcalde de Torrevieja del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, tendrá que aclarar a la justicia cómo financió la operación de compraventa de una finca que le reportó una millonaria plusvalía de 5,4 millones de euros. El alcalde compró la finca, suelo rústico en la vecina localidad de Almoradí, por 180.000 euros y, dos años después, la vendió por 5,6 millones. El regidor está implicado en un supuesto delito de tráfico de influencias e información privilegiada por la ventajosa operación inmobiliaria
José Joaquín Ripoll
Presidente de la Diputación de Alicante.
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