El juez pone a Camps a un paso del banquillo tras rechazar sus alegaciones

La situación judicial del presidente valenciano, Francisco Camps, experimentó un grave empeoramiento ayer, un día después de que Mariano Rajoy volviera a avalar su candidatura a las elecciones autonómicas del 22 de mayo. El juez que instruye el caso de los trajes por la supuesta aceptación de numerosas prendas de vestir valoradas en miles de euros regalados por la trama Gürtel, desestimó, en un auto conocido ayer, la mayor parte de las alegaciones presentadas por Camps y los otros tres imputados y convocó la audiencia preliminar, el acto que precede inmediatamente a la decisión de abrir o no juicio oral.

El presidente de la Generalitat siempre ha negado los hechos, aunque en público solo ha declarado: "Yo me pago mis trajes". La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado, en cambio, unir al caso de los regalos otros siete supuestos delitos de corrupción, incluidos la financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y de 2008; cohecho propio; prevaricación en la adjudicación de contratos; delitos fiscales, y de falsedad en documento mercantil. En ellos, además de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, habrían participado otros siete altos cargos del PP y el Gobierno valenciano, incluidos el vicepresidente Vicente Rambla y la presidenta del parlamento autónomo, Milagrosa Martínez; los cabecillas de la trama, y ocho grandes constructores que, según la investigación, financiaron los macroactos habituales en las campañas del PPCV.

La decisión sobre la apertura de juicio debería conocerse en pocas semanas

El ministerio público quiere que se juzguen juntos todos los delitos porque considera que están íntimamente conectados y que son distintas expresiones de un mismo foco de corrupción: el derivado de la intensa relación de la trama Gürtel con la Generalitat Valenciana y el PPCV, ambos presididos por Camps.

A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano decida sobre dicha acumulación, la justicia devolvió ayer el caso de los trajes al preciso momento procesal en que se hallaba hace dos años, cuando la Sala Civil y Penal presidida por el amigo de Camps Juan Luis de la Rúa, la archivó. El Tribunal Supremo corrigió por unanimidad aquella decisión y reabrió la causa al considerar que el órgano valenciano había incurrido en un error de ley.

Esta vez la causa también está pendiente de apelaciones a la sala, relativas a diligencias dilatorias pedidas por las defensas y rechazadas por Flors. Fuentes jurídicas apuntan, sin embargo, que deberían resolverse sin mayor repercusión para el procedimiento, a la vista de lo que estableció el Supremo. Al frente de la sala, además, ya no está De la Rúa, sino Pilar de la Oliva, que se ha mostrado más inclinada a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.

Si no hay sorpresas ni el caso se suspende para unirlo al resto de supuestos delitos, una vez resueltas las apelaciones se señalará la fecha de la vista. El auto sobre la apertura de juicio debería dictarse, según las mismas fuentes, en pocas semanas.

El juez José Flors, instructor del caso de los trajes, abrió ayer otra vía de agua en la defensa del presidente valenciano al avalar la prueba aportada por Anticorrupción que apunta a que la contabilidad de Forever Young, la tienda madrileña de la que habrían salido varias de las prendas para los imputados, fue manipulada para borrar el rastro que conducía a Camps. El identificador del presidente valenciano habría sido sustituido por el de Álvaro Pérez, El Bigotes.

La cuestión es importante porque los peritos de Hacienda que analizaron la contabilidad de la tienda ya expresaron sus sospechas de que las cuentas del establecimiento habían sido manipuladas. Y porque la supuesta indefinición de ese informe pericial es uno de los pocos argumentos que las defensas esgrimen frente a las numerosas pruebas incriminatorias que figuran en la instrucción.

La teórica destrucción de pruebas, apoyada en correos electrónicos y extractos de archivos informáticos, se habría producido pocos días después de una reunión entre Federico Trillo, coordinador del PP en el caso Gürtel, y Eduardo Hinojosa, dueño de la cadena de tiendas. El magistrado cita a declarar en la vista al respecto al sastre José Tomás, al informático de Forever Young que supuestamente alteró la contabilidad y a la directiva de confianza de Hinojosa que le habría ordenado hacerlo.