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El Constitucional falla por quinta vez que la Mesa de las Cortes Valencianas vulnera derechos

El alto tribunal rechaza de nuevo que el PP no admita ciertas iniciativas parlamentarias de la oposición

El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado por quinta vez en esta legislatura en contra de la Mesa de las Cortes Valencianas, controlada por el PP, al considerar que ha "vulnerado el derecho de participación política en condiciones de igualdad" por inadmitir varias iniciativas parlamentarias de Compromís sin motivo justificado. De esta manera, el TC exige a la Cámara que restablezca el derecho de los diputados, que declare la nulidad de las resoluciones de la Mesa (dos de la pasada legislatura y tres de la actual) y admita a trámite las mencionadas iniciativas.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra ha hecho pública las dos últimas resoluciones del alto tribunal que, como en los tres casos anteriores, favorecen a la coalición. En esta caso, Oltra ha señalado que, al ganar estos cinco recursos, le han hecho "una manita a la Mesa" de la Cámara valenciana.

Las iniciativas de Compromís que la Mesa de las Cortes, con mayoría del PP, rechazó tramitar se referían a dos reprobaciones a los presidentes de las diputaciones provinciales de Valencia y Castellón, Alfonso Rus y Carlos Fabra, respectivamente. En el caso del primero, por "insultar" a los profesores que hablan en valenciano y en el segundo por unas declaraciones sobre los "estómagos agradecidos".

En el caso de las reprobaciones, el Constitucional reconoce que el Reglamento de la Cámara dispone que, para pronunciarse, la Mesa de las Cortes recabe previamente el acuerdo de la Junta de Portavoces, que lo hizo en términos desfavorables. Sin embargo, la Mesa "no adoptó un acuerdo", sino que se "limitó a poner en conocimiento" de Compromís el parecer de la Junta, con lo que no hay "motivación suficiente o adecuada que permita conocer las razones" de su decisión, teniendo en cuenta "que se ha obstaculizado" el ejercicio de un diputado.

También se inadmitieron varias preguntas de control al Consell sobre una fábrica de papel de Mislata, la sierra d'En Galcerán o el proyecto Cástor (almacén de gas frente a la costa de Vinaròs), así como de expedientes sancionadores de Medio Ambiente. La Mesa de las Cortes justificó el rechazo a estas cuestiones por considerar que "no se admitirán preguntas relativas a personas físicas o jurídicas sin trascendencia pública dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana".

Sobre este asunto, el Constitucional incide en que la función de control "integra la esencia de la actividad parlamentaria", al tiempo que apunta que las preguntas formuladas hacen referencia a actuaciones de la Administración, con lo que "no se puede concluir la manifiesta ausencia de trascendencia pública de las personas jurídicas citadas en las distintas preguntas, que es lo que alega la Mesa para rechazarlas". Esto hace que se puedan situar todas estas cuestiones "en el ámbito del control parlamentario", añade.

"A partir de ahora no podrán decirnos que las empresas y las personas jurídicas no son de trascendencia pública", ha destacado Oltra. También ha indicado que la Mesa ya ha tramitado las preguntas, aunque "no llegarán a tiempo" para sustanciarse en esta legislatura puesto que en el último pleno del 28 de marzo no habrá sesión de control. Oltra ha declarado también que han sido el único grupo parlamentario que "ha planteado esta batalla legal" al PP.

Por su parte, el portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, ha explicado que el PSPV tiene 350 preguntas recurridas ante el Constitucional y se ha mostrado convencido de que serán "otros 350 varapalos a la mayoría de la Mesa" que, en su opinión "ha actuado al dictado de quien tiene el mando a distancia", en referencia al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El portavoz del PP, Rafael Blasco, en su rueda de prensa, ha hecho hincapié en que su grupo "acatará" las sentencias y ha puntualizado que de las más de 26.100 preguntas que ha planteado la oposición, la Mesa han inadmitido cerca de 2.000. De estas, "solo un porcentaje ínfimo ha sido objeto de recurso", ha apostillado.