El empresario condenado por las facturas falsas de Sevilla, en búsqueda y captura

La Audiencia de Sevilla ha dictado una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión de José Pardo, el empresario condenado por las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazase sustituir la cárcel por multa.

Fuentes judiciales han informado de que el magistrado que presidió el jurado popular dictó la semana pasada una orden de búsqueda y captura que hasta hoy no ha dado resultados.

El magistrado optó por esta medida en lugar de la habitual en estos casos, que es citar al interesado para su comparecencia voluntaria, tras recibir el último auto del TSJA y conocer que Pardo ha cambiado de letrado debido al repentino fallecimiento del abogado que le defendió en toda la causa.

El pasado 27 de enero, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA confirmó la resolución de la Audiencia de Sevilla, que unos meses antes había rechazado suspender el ingreso en prisión de Pardo dada su "peligrosidad" y su "trayectoria delictiva" al tener cuatro condenas anteriores.

El empresario fue condenado a dos años de prisión por malversación de fondos públicos y 21 meses de prisión y multa de 9 meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por haber presentado al cobro varias facturas falsas al Ayuntamiento de Sevilla, a finales de 2002 y comienzos de 2003.

El otro condenado en este caso, José Marín, secretario del Distrito Macarena del Ayuntamiento, ya entró en prisión el 7 de abril de 2010.

El TSJA confirmó "en todos sus pronunciamientos" la resolución de la Audiencia que acordó "no haber lugar a sustituir ni a suspender las penas de prisión impuestas" teniendo en cuenta, además, que "la especial gravedad de los delitos por los que fue condenado llevó al Tribunal del Jurado a rechazar no sólo el indulto, sino la suspensión de penas".

Pardo tenía cuatro condenas anteriores, aunque ya canceladas: una de 1985 por coacciones, otra de 1988 por cohecho, una de 1995 por hurto y otra de 1999 por conducir bebido, lo que describe "un historial delictivo sumamente grave", según el TSJA.

Tampoco ha pagado la indemnización ni la multa fijadas, según el auto, y "ni siquiera se ha podido efectuar el requerimiento de pago" al negarse su madre a firmar "por orden de su hijo", y las enfermedades que alega su defensa, "no suficientemente acreditadas, son susceptibles de tratamiento médico-farmacéutico" en prisión.

Marín y Pardo fueron condenados por malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, al pagar seis facturas falsas por obras menores que "no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente", en una sentencia de la Audiencia luego confirmada por el TSJA y que también ratificó el importe de la defraudación: 5.901 euros que deben devolver al Ayuntamiento.