El juez descarta llamar a declarar al 'número dos' de Interior por el 'caso Faisán'

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Faisán, Pablo Ruz, ha descartado llamar a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, así como a los otros dos usuarios de los teléfonos adscritos al Ministerio del Interior cuya identificación ordenó el pasado día 1. Una vez producida dicha identificación, el magistrado considera "irrelevante" el tráfico de llamadas que se produjo entre dichos teléfonos y el de los tres policías imputados en el sumario, según el auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El caso Faisán investiga el supuesto chivatazo que, el 4 de mayo de 2006, alertó a la red de extorsión de ETA de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento. El juez Ruz considera que la persona que proporcionó al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, el móvil por el que recibió el aviso es alguien relacionado con las Fuerzas de Seguridad y que quien efectivamente habló con Elosua fue alguien de Interior.

Los números investigados pertenecen a Camacho, a un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía destinado al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) y a la centralita del propio ministerio, según el informe sobre identificación realizado por el equipo investigador. Precisamente, con este documento como base, la Fiscalía de la Audiencia ya dijo en su escrito al juez que "el equipo investigador no concede importancia ni trascendencia al tráfico de llamadas entre los teléfonos mencionados y el de los imputados y por tanto es innecesaria la comparecencia ni siquiera como testigos de los dueños".

El magistrado, en su auto, asegura respecto del teléfono de Camacho que los contactos con los teléfonos de los imputados se concluyen "irrelevantes" para la presente investigación. Ruz da tres motivos. El primero, que "resulta lógico y razonable que dos responsables de Interior con relación jerárquica entre ellos y subordinación directa hablen cada día". El segundo, que "las comunicaciones matinales se generan de forma regular apreciándose que tienen lugar ambos días y en horarios similares". Por último, el juez dice que dichas llamadas "en ningún caso están interrelacionadas temporalmente con los hechos y acontecimientos que se investigaron, concluyéndose que se tratan de llamadas fuera de contexto y sin relación de causalidad".

"Continuidad del conducto jerárquico"

Pablo Ruz, además, expone en su auto que si alguna de las llamadas que se produjeron el día 3 hubiera tenido relación con los hechos "se debería haber producido una llamada al día siguiente dando continuidad al conducto jerárquico" para informar de la consecución del chivatazo, "circunstancia que no se produjo". "Forma parte de la lógica racional", continúa el juez, suponer que debería haberse producido una segunda llamada para informa de que Elosua había abandonado territorio español, "lo que tampoco se produjo".

La relación de subordinación jerárquica permite inferir, según Ruz, que todo esto se enmarca en el "ámbito de su relación orgánica y funcional".

En cuanto al otro número identificado, el del inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, y los cruces de llamada que se produjeron con el jefe superior de la Policía del País Vasco, uno de los imputados, el juez ofrece varias justificaciones para calificar de "irrelevante" su testimonio.

Ruz considera que una de las llamadas "está claramente fuera del contexto investigado al tener lugar a las 17.44 del día 3, antes de la decisión de llevar a cabo el operativo", es decir, la operación contra la trama de extorsión. Las restantes comunicaciones, en la noche del 3 y otra el mismo día 4, son, según los investigadores, "de corta duración" y "carecen igualmente de relevancia suficiente o se encuentran fuera del contexto citado".

Según el magistrado, "hay una acreditada relación profesional y de amistad que une a los dos protagonistas al menos desde 1993, habiendo desarrollado parte de su carrera profesional juntos en el área de información". Ruz señala, a título ilustrativo, que "hubo 44 llamadas entre ellos entre el 1 de mayo de 2006 y el 31 de julio del mismo año", por lo que "puede perfectamente concluirse que su incorporación en el tráfico de llamadas fue puntual y sin relación con la presente investigación".

El PP preguntará en el Congreso

La respuesta del PP al auto del juez desvinculando del caso Faisán al secretario de Estado ha sido registrar tres preguntas sobre el tema en el Congreso para el miércoles: al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a los titulares de Justicia y Presidencia, Francisco Caamaño y Ramón Jáuregui.

Rubalcaba, por su parte, ha defendido a su secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, ante las "calumnias e injurias" que considera se han vertido sobre él durante esta semana a cuenta del caso Faisán. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba ha asegurado que la decisión de Pablo Ruz "deja todo claro" y por ello ha exigido que "los que le han calumniado [a Camacho] se limiten a pedir disculpas".

Un 'chivatazo' sin esclarecer

La investigación, iniciada por el juez Baltasar Garzón, se centró en el análisis de los cruces de llamadas sobre la zona del bar Faisán, en Behobia, junto a la frontera con Francia. Garzón tomó declaración como testigos a 47 personas que tenían móviles que operaron en la zona, a 11 policías también como testigos y a otros tres en calidad de imputados. Nadie identificó al agente que pasó el móvil a Elosua.

La investigación de la filtración ha corrido a cargo de varios magistrados de la Audiencia Nacional. En primer lugar, de Fernando Grande-Marlaska, que suplió a Garzón durante su año sabático; después le fue asignada al propio Garzón, tras reincorporarse, y, finalmente, la ha reactivado su sustituto, Pablo Ruz.

En octubre de 2009, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el archivo de la causa al no hallar indicios suficientes de que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo estuviera detrás de la delación. Dignidad y Justicia, que ejercía la acusación popular, y el PP, que se sumó entonces al proceso, pidieron al juez que encargara a la Guardia Civil la investigación del caso. El lunes 24 de enero, el juez Pablo Ruz ordenó reabrir la causa solicitando nuevas diligencias.