El juez Ruz ve indicios de colaboración con ETA y se niega a archivar el 'caso Faisán', como le pedía el fiscal

El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha apreciado indicios de un delito de colaboración con banta terrorista, penado con hasta 10 años de prisión y otro de revelación de secretos imputable a algún funcionario policial, por lo que ha abierto un sumario para continuar la investigación del denominado caso Faisán, que trata de esclarecer un presunto chivatazo policial a los implicados la red de la extorsión conocida como impuesto revolucionario de ETA. El fiscal de la Audiencia Nacional consideró que la investigación estaba agotada y que procedía el archivo del proceso por falta de autor conocido.

El juez, sin embargo, ha recibido recientemente la comisión rogatoria emitida por la juez antiterrorista francesa Laurence Levert y aunque, de acuerdo con el fiscal, considera que no hay nuevas revelaciones significativas, ha declarado secretos nueve folios de ese informe. Además, ha decidido impulsar de nuevo las pesquisas volviendo a solicitar pruebas periciales que dieron anteriormente resultados negativos o equívocos.

En el auto hecho público esta mañana, el juez señala que "según permite concluir lo hasta ahora actuado, nos encontramos ante una acción presuntamente ejecutada por miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tendente a evitar la detención (...) de determinadas personas que estaban siendo investigadas (...) sobre la composición de una red de apoyo a la organización terrorista ETA a través de la recaudación del determinado impuesto revolucionario. (...) En concreto, mediante la delación policial efectuada sobre el investigado Joseba Imanol Elosua Urbieta, dueño del bar Faisán (...), se trataba de evitar (...) la inminente detención (...) del presunto miembro de ETA José Antonio Cau Aldanur".

Identidad del presunto confidente

Ruz ordena tomar declaración como testigos a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que ya declararon en su momento,y a un periodista. Además, insta a dos de los policías imputados Pamiés y Ballesteros, a que revelen la identidad del "presunto confidente, contacto o colaborador" de la banda terrorista ETA con el que se iban a entrevistar en Francia el día del chivatazo.

Por otro lado, Ruz reclama informes periciales sobre la existencia de cortes en la cinta VHS "que cubran, en su caso, el período temporal en que se fije la salida del bar del individuo que establece contacto con Joseba Elosua", dueño del establecimiento e imputado en la causa general sobre la red de extorsión de ETA.

Asimismo, pide una certificación de la cadena de custodia seguida sobre esa cinta hasta que llegó al Juzgado y que se identifique a los funcionarios o terceros que la tuvieron bajo custodia, además de pedir a la Guardia Civil una nueva pericia sobre los cortes de la cinta.