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Francia suspendió la operación del bar Faisán por motivos policiales y operativos

El informe de Levert afirma que el dispositivo no se abortó por el chivatazo

Fueron razones de índole judicial y policial. Problemas de coordinación entre las fuerzas de seguridad de España y Francia y entre los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Levert, derivados del cambio de planes de los miembros del aparato de extorsión de ETA a los que se debía detener aquel 4 de mayo de 2006, obligaron a cancelar la operación conjunta que tenía que desarticularlo. Nada que ver con el chivatazo -supuestamente realizado por un miembro de la policía- al colaborador de la banda y dueño del bar Faisán Joseba Elosua, del que Levert solo tuvo conocimiento días después.

El informe solicitado hace 10 meses por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón a la juez antiterrorista francesa sobre la suspensión del operativo se recibió ayer en el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Su contenido, a falta de que sea traducido y estudiado en detalle, viene a confirmar las conclusiones de la investigación abierta por Garzón para buscar al responsable del chivatazo, según fuentes jurídicas.

Los franceses creen que los documentos no se entregaron por la vía correcta

La Audiencia ordenó a Garzón practicar nuevas pruebas

Fue la propia actuación inesperada de dos de los miembros del aparato de extorsión, Joseba Elosua y José Antonio Cau Aldanur, la que obligó a detener el operativo, según la declaración de su responsable policial Carlos G. En lugar de ser Cau Aldanur el que se desplazara a España para encontrase con Elosua -como habían acordado ambos en una reunión previa que mantuvieron en Oiartzun (Guipúzcoa)- fue este último el que viajó a Bayona (Francia) para encontrase con Cau y, supuestamente, entregarle dinero procedente del impuesto revolucionario.

Ante el imprevisto, la juez Levert decidió abortar el dispositivo hispanofrancés argumentando que el pacto entre ambos países era que las detenciones se practicaran en España. Lo hizo a pesar de las presiones españolas para que la policía antiterrorista francesa los arrestara en el lugar del encuentro. Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía llegó a volar directamente a Francia para entregar personalmente toda la documentación del caso a la Subdirección Antiterrorista del Gobierno francés (SDAT) y a la propia Levert.

Sin embargo, París ordenó detener la operación a pesar del enfado y el malestar de los españoles. Fuentes policiales aseguran que las autoridades francesas consideraron que esa documentación -en su mayoría intervenciones telefónicas- no se había entregado por la vía correcta a Francia y que no dio tiempo a traducirla antes de que se pudiera iniciar la redada contra ETA.

El informe de Levert sobre el chivatazo fue solicitado por Garzón el 17 de febrero, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia le obligara a investigar el caso hasta sus últimas consecuencias y le ordenara practicar nuevas pruebas. Su sustituto al frente del juzgado, Pablo Ruz, reiteró la petición en julio y octubre, según fuentes de la Audiencia Nacional. Además del motivo de la suspensión de la operación conjunta, Garzón solicitó a su colega francesa toda la documentación relativa a las intervenciones telefónicas que se hubieran realizado a Cau.

La documentación enviada consta de 645 folios. Se inicia con un informe de una decena de páginas de la juez. El resto, según fuentes de la Audiencia, son 10 carpetas con los informes del caso. Ruz ordenó ayer mismo al servicio de intérpretes de la Audiencia que lo traduzca "a la mayor brevedad posible".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de diciembre de 2010