La fiscalía pide el archivo del 'chivatazo' policial a la red de extorsión de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó ayer al juez Baltasar Garzón el sobreseimiento provisional por falta de autor conocido de la investigación abierta a raíz de un chivatazo policial a la red de extorsión de ETA.

El caso se inició como consecuencia de que una persona, supuestamente relacionada con las Fuerzas de Seguridad, el 4 de mayo de 2006, entregó un teléfono móvil al presunto colaborador de ETA Joseba Elosúa a través del cual recibió una llamada que alertó a la red de extorsión de que les estaban investigando y de que podían ser detenidos en cualquier momento. Las pesquisas se realizaron en un momento en el que ETA y el Gobierno intentaban llegar a un proceso de paz, por lo que desde sectores próximos al PP acusaron a los socialistas de dificultar las investigaciones judiciales contra ETA.

Garzón abrió un procedimiento para investigar las filtraciones, llamó a declarar a todos los policías que estaban al tanto de las pesquisas sobre la red de extorsión y también a Elosúa, a su esposa y su hijo, así como a miembros del PNV. El magistrado organizó reconocimientos personales y fotográficos para identificar a la persona que había entregado el teléfono móvil en el que el responsable de la red fue avisado de que era seguido. Ni Elosúa en tres ocasiones, ni su mujer, ni su hijo reconocieron a ninguno de los policías que intervenían en el operativo.

En julio de 2006, la mujer de Elosúa, a preguntas de periodistas, dijo que no había querido identificar a nadie. Pese a que se han repetido las diligencias, no se ha llegado a identificar a nadie como autor de la filtración.

Teléfonos intervenidos

El juez tuvo intervenidos teléfonos de varios policías, como el del comisario jefe de la Unidad Central de Información Interior responsable de la Brigada de Francia; el del jefe superior de policía del País Vasco; el del director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el de un inspector de la Brigada de Información de Álava; el del responsable de la sección de análisis de la Brigada de Información de San Sebastián y un teléfono genérico de la Dirección General de la Policía.

También se realizaron comisiones rogatorias a Francia, donde la juez Levert realizó averiguaciones sobre llamadas entrantes y salientes de varios teléfonos móviles de Francia. Se efectuaron análisis de los cruces de llamadas sobre la zona del bar Faisán, del que Elosúa era propietario.

El juez tomó declaración como testigos a 47 personas que tenían móviles que operaron en la zona del bar Faisán, a 11 policías también como testigos y a otros tres como imputados. No obtuvo resultado positivo.

Por ello, el fiscal ha considerado que la investigación ha finalizado, que no hay peligro de que los imputados puedan destruir pruebas y que por tanto procede el levantamiento del secreto del sumario. Así lo ha acordado el juez Garzón, que ha dado traslado a las partes para que se instruyan del caso y propongan las pruebas que consideren convenientes.

Además, el fiscal ha pedido el sobreseimiento provisional del caso, que se podría reabrir en el supuesto de que aparecieran nuevas pruebas que identificaran al autor de la filtración.

El juez no podrá decidir sobre esta petición hasta dentro de 15 días por lo menos.