El Supremo paraliza la causa de los crímenes del franquismo hasta que se resuelva la recusación de cinco magistrados por Garzón

El Tribunal Supremo ha paralizado la causa contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo hasta que se resuelvan las recusaciones formuladas por Garzón contra los cinco magistrados de la Sala Penal que admitieron a trámite las querellas de tres asociaciones ultraderechistas, participaron en la fase de instrucción y ahora pretenden someterle a juicio.

Los magistrados han dado tres días al ministerio fiscal y a las demás partes acusadoras, el pseudo sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación del mismo tenor, Libertad e Identidad, para que manifiesten si se adhieren o se oponen a la causa de recusación.

El escrito de recusación de Garzón fue presentado el pasado 17 de diciembre y los magistrados han tardado un mes en dictar la providencia para iniciar el trámite. Aunque el texto de la Sala Penal lleva fecha del día 13, fue notificado a la defensa a última hora de la mañana de ayer. Con esta nueva dilación, se cumplen ya ocho meses desde que el juez Varela decretó la apertura del juicio oral contra Garzón.

El abogado de Garzón para la causa de la Memoria Histórica, Gonzalo Martínez-Fresneda basó la recusación en el principio general de que quien participa en la instrucción de la causa está inhabilitado para juzgar ese mismo asunto. Así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial en el número 11º del art. 219.

Los magistrados recusados son el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra; el ponente, Adolfo Prego; Joaquín Giménez; Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Estos cinco magistrados intervinieron en la instrucción de la causa contra Garzón admitiendo a trámite la primera querella contra el juez; realizando diligencias previas de instrucción antes de decidir la admisión a trámite de la misma; desestimando el recurso contra la anterior decisión; firmando resoluciones denegando de plano la personación de las víctimas de los crímenes franquistas y negándose a resolver sus diversas peticiones, según la defensa.

Además, avalaron la conducta del juez instructor Luciano Varela consistente en indicar a la acusación popular cómo debía redactar su escrito de acusación y respaldando que Manos Limpias presentase materialmente como escrito de acusación el contenido de un auto del juez Varela. También denegaron las pruebas propuestas por la defensa por considerarlas "inútiles" y decidieron juzgar a Garzón en contra de la opinión del fiscal, que pidió hasta en siete ocasiones el archivo de la causa.

Martínez-Fresneda también apreció interés indirecto en el pleito por parte de los magistrados, que a lo largo de todo el procedimiento han intentado salvaguardar su propia competencia para ser ellos mismos los que juzguen al juez Garzón, después de que admitieran las querellas y controlaran la instrucción.