Garzón denuncia el "prejuicio" del juez Marchena al rechazar las pruebas a su favor

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido directamente ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que admita las pruebas que el instructor del alto tribunal Manuel Marchena le denegó en su última resolución, con el argumento de que la Universidad de Nueva York escribe "al dictado" de Garzón y solo iba a aceptar los requerimientos que llevasen el "visto bueno" del juez imputado.

El abogado de Garzón en este proceso, Enrique Molina, sostiene que estas palabras de Marchena constituyen un "prejuicio" del instructor, tendente "a excluir cualquier diligencia de investigación propuesta por la defensa que sirva para acreditar la falsedad de la imputación que dirige la acusación popular".

La defensa pide que declaren autoridades de la Universidad de Nueva York

En su resolución del pasado día 22, Marchena rechazó enviar una comisión rogatoria internacional a Estados Unidos para que interrogase a las autoridades académicas de la Universidad Nueva York (NYU) acerca de los patrocinios del Banco de Santander a dos cursos jurídicos dirigidos por el Garzón. Marchena la denegó señalando que ya se había dirigido a las autoridades académicas en "al menos siete ocasiones" y "carecería de sentido" que ahora colaborasen, contando "con el aval del querellado" Garzón.

La defensa de Garzón replica a Marchena que hasta ahora todos esos requerimientos se han hecho "al margen del cauce legal" del Tratado Bilateral de Asistencia Mutua Penal entre España y Estados Unidos. Añade que "jamás el instructor ni la Sala Penal del Supremo" han dirigido solicitud alguna al departamento de nóminas de la NYU reclamando "copia de todas las nóminas" percibidas por el juez imputado.

Por tanto, "no es correcta" la afirmación de que esas nóminas se han pedido "en al menos siete ocasiones". El escrito reproduce las peticiones de Marchena, puntualizando que este no se dirige al Center Law of Security (pagador de los haberes de Garzón) sino al Centro Rey Juan Carlos I, o al director de ese centro en Madrid. El resto de los requerimientos de Marchena no se remiten ni a la Universidad de Nueva York "ni a ninguna persona de esa entidad con capacidad para atenderlos".

Además, siempre se pidieron "certificaciones" de los haberes del juez en metálico y en especie, pero nunca las copias de sus nóminas. E incluso uno de los certificados, expedido por la responsable de la Asesoría Jurídica de la NYU, Nancy Kilson, figura en otra investigación anterior que archivó la Sala Penal y que está acumulada a la que ahora instruye Marchena.

Garzón se queja también de que Marchena nunca ha tramitado diligencia alguna para tomar declaración a las cuatro autoridades académicas de la NYU, que escriben "al dictado" de Garzón, según el instructor. La defensa recuerda que esos testigos, trascendentales para la causa, serían interrogados a través del Fiscal General de los Estados Unidos o las personas designadas por este, según el Tratado Bilateral.

Dichas personas, la directora de la NYU, Karen Greenberg, y los del Centro Rey Juan Carlos I en Nueva York y Madrid, además de Nancy Kilson, son las que ordenaron el pago de las nóminas de Garzón, autorizaron el pago de sus gastos o negociaron con el banco Santander el patrocinio de los dos cursos que impartió en el Centro Rey Juan Carlos. También son las que negociaron los patrocinios con Telefónica, BBVA, Endesa y Cepsa de un ciclo de conferencias sobre "Terrorismo y seguridad".

El recurso concluye reproduciendo las declaraciones ante Marchena de banqueros y empresarios que han declarado que Garzón "jamás solicitó cantidad alguna para sí ni para la NYU", ni intervino en las negociaciones del patrocinio de los cursos, lo que hicieron los gestores de la NYU. Esos testigos también afirmaron que la presencia de Garzón no fue el motivo que impulsó a las entidades patrocinadoras a cofinanciar los cursos.

El recurso reproduce esos testimonios de, entre otros, los banqueros Emilio Botín (presidente del BSCH); Francisco González (presidente del BBVA) y los empresarios Alfredo Sáenz y Carlos Pérez de Bricio (Cepsa) y Manuel Pizarro (Endesa).