El Poder Judicial firma un convenio con el Gobierno para preservar la salud laboral de los jueces
La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, destaca que se trata del primer acuerdo de este tipo en la carrera judicial
El ministro de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial han firmado un convenio para la creación y seguimiento de un sistema de prevención de riesgos laborales y de vigilancia de la salud para los miembros de la carrera judicial. La Constitución obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo, pero nunca antes se había desarrollado un acuerdo de este tenor entre los dos órganos que gestionan la vida judicial española, el Ministerio y el Consejo. La finalidad del convenio, suscrito entre el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, y el ministro Francisco Caamaño, es establecer las bases para que los miembros de la carrera judicial trabajen en condiciones dignas para su seguridad y salud.
La portavoz del Consejo, la vocal progresista Gabriela Bravo, ha destacado lo novedoso de este convenio dentro de la carrera judicial y su importancia como instrumento para la vigilancia de la salud de jueces y magistrados. El convenio aboga por la aplicación de las medidas necesarias para la prevención de riesgos derivados de su labor diaria en los órganos judiciales e incluye una serie de cláusulas que protegen especialmente los periodos de gestación, maternidad y lactancia de las magistradas españolas.
En concreto, el convenio obliga a las partes a "realizar actuaciones destinadas a garantizar la seguridad y salud de los Jueces/as y Magistrados/as en los distintos aspectos derivados del ejercicio de la actividad profesional", a "implantar un plan de prevención de riesgos laborales", a "promover los mecanismos de participación de los jueces y magistrados" en esta materia, a "establecer los elementos necesarios que permitan una adecuada vigilancia de la salud de los Jueces y Magistrados en función de los riesgos profesionales a los que estén expuestos, a través de revisiones médicas periódicas y voluntaria" y a "garantizar" que estos profesionales "reciban una formación e información suficiente y adecuada en materia de prevención de riesgos laborales, tanto en el ámbito de la formación inicial como en el de la formación continua".
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