AENA realizará "revisiones médicas inmediatas" a los controladores

Si los controladores han decidido poner toda la carne en el asador y paralizar el tráfico aéreo, el Gobierno ha decidido subir la apuesta. El control aéreo ha quedado militarizado y el jefe del Estado Mayor del Aire ha ordenado a todos los controladores que vuelvan a sus puestos de trabajo.

Coroneles acompañados de guardias civiles acudieron anoche a las torres de control para tomar el mando con un objetivo claro: se tomará nota de quiénes no han acudido a sus puestos de trabajo y se les irá a buscar a sus casas o donde hayan dicho que estaban. Si no obedecen la orden de volver al trabajo, se levantará atestado y se les podrá acusar de desobediencia.

El vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, compareció a medianoche para explicar que estas medidas fueron adoptadas después de que "los controladores no hayan depuesto su actitud" de no acudir al trabajo y el espacio aéreo siguiera cerrado. El control aéreo queda así en manos militares "hasta que se recupere la normalidad con los controladores civiles". Dos horas después, a las dos de la madrugada, volvió a comparecer para lanzar una amenaza: si la situación no se normaliza, el Gobierno declarará el estado de alarma en un Consejo de Ministros convocado de manera extraordinaria para las nueve de la mañana de hoy.

Así se consuma el ultimátum lanzado por el Gobierno ayer a los controladores: si no abandonaban la protesta y volvían a sus puestos de manera inmediata, los controladores quedarían a las órdenes del Ministerio de Defensa y a los que hubieran declarado estar de baja se les sometería a "inmediata revisión médica". "No vamos a permitir el chantaje", espetó por la tarde el ministro de Fomento, José Blanco. Dicho y hecho. La amenaza se cumplió y el mando del control aéreo español pasó a manos de militares, con las torres de control de grandes aeropuertos bajo mando de coroneles.

A las 21.30 entraron en vigor, con su publicación en el BOE, dos decretos aprobados en el Consejo de Ministros -pero mantenidos en la reserva- con los que el Ejecutivo pretende desactivar la protesta y hacerse con el control de los cielos. Esas fueron las dos armas con las que anoche montó su ultimátum a los controladores el ministro de Fomento, José Blanco. "El Gobierno ha activado todos los mecanismos ante esta situación de extrema gravedad, que ha comunicado a todas las fuerzas políticas", afirmó Blanco, quién indicó que el gabinete de crisis constituido por Fomento y por el Ministerio de Defensa sigue activo.

Poco después de estas palabras, el ministro de Fomento declaró a la cadena Ser que no se descarta incluso que algunos aeropuertos españoles tengan que cerrar "durante algún tiempo" o que el Gobierno adopte nuevas medidas si con las que acaba de tomar la situación del tráfico aéreo no se normaliza.

Medidas extraordinarias necesarias

El Consejo de Ministros había aprobado sobre la marcha ambos decretos ante el temor del ministro de Fomento de que los controladores organizarán un plante por tarde. Se lo temía porque ya había modificado el cómputo de las horas de trabajo para evitar problemas como los que habían paralizado el aeropuerto de Santiago. Son "medidas extraordinarias necesarias", como calificó Blanco las dos leyes aprobadas.

Los decretos dicen textualmente que en caso de necesidad, AENA deberá facilitar la aplicación de medidas excepcionales previstas en la ley, "quedando sometidos los controladores de tránsito aéreo de la citada entidad a la dirección del Ministerio de Defensa quien asumirá su organización, planificación, supervisión y control". En concreto quedarán bajo mando del Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, general José Jiménez Ruiz, quien anoche ya se había incorporado al gabinete de crisis montado por el Gobierno.

El decreto añade: "Ningún trabajador, órgano directivo u organización podrá dificultar o impedir la efectividad de dicha medida. El incumplimiento de dicha obligación será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Ley [de Seguridad Aérea], sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles o penales a que haya lugar".

Es decir, que si desobedecen a la autoridad militar pueden ser acusados de sedición, un delito muy grave y mucho más penado que el del 409 con el que podían ser sancionados por el abandono de sus puestos en calidad de civiles no sometidos a mando militar (multa, cara, pero una multa). Ahora la desobediencia a los militares será castigada con prisión menor.

Además, desde que entró en vigor en decreto los controladores "deberán someterse de manera inmediata a reconocimiento por parte de los Servicios Médicos que facilite la Entidad, quienes verificarán la concurrencia de la misma, y determinarán si ello ha de dar lugar al apartamiento de su puesto de trabajo".

El lenguaje utilizado por el Gobierno incluso parece haberse militarizado. Ya la web oficial de La Moncloa tomaba un tono conminatorio: el Gobierno "requiere a los controladores a la incorporación inmediata a sus puestos de trabajo y al cese en una actitud que está provocando fuertes perjuicios a los ciudadanos". Y aún con ese tono conminatorio, añade: "El Ministerio de Fomento utilizará todos los resortes legales de que dispone para asegurar la libertad del tráfico aéreo y la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos".

Blanco da un ultimátum a los controladores