Los directivos de FGC admiten que podían cobrar del plan de pensiones irregular si se iban voluntariamente

Los 13 ex directivos de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) que se beneficiaron del plan de pensiones contratado irregularmente han afirmado hoy que se les ofreció como incentivo para que siguieran en la empresa, aunque eran conscientes de que podían cobrarlo si se iban voluntariamente.

En la sección sexta de la Audiencia de Barcelona han declarado esta mañana los ex directivos de FGC como partícipes a título lucrativo en la trama derivada de la contratación irregular de un plan de pensiones, por la que están acusados los ex presidentes de FGC Enric Roig, Antoni Herce y Albert Vilalta, quien después fue consejero de la Generalitatde Medio Ambiente con CiU y secretario de Infraestructuras con el PP.

La Fiscalía reclama que los 13 directivos, además de Herce y Roig, devuelvan los 2,7 millones de euros que se embolsaron en total procedentes del plan de pensiones, que según el ministerio público contrataron Vilalta, Herce y Roig de espaldas al Consejo de Administración de FGC.

"Salario diferido"

Los directivos beneficiados por el fondo han corroborado la coartada que ayer esgrimieron los acusados de que dicho plan perseguía "fidelizar" en la empresa a los directivos valiosos en una época, la previa a los Juegos Olímpicos de Barcelona, en la que había mucha movilidad de cargos públicos al sector privado. Pese a que era un premio a la permanencia, los beneficiarios del plan han precisado que Roig y Herce se lo vendieron como un "salario diferido" que incluso podrían cobrar en el caso de abandonar voluntariamente FGC, con la única condición de que tuvieran cinco años de antigüedad.

Otro de los elementos que pone en cuestión la versión alegada por los acusados es que gran parte de los directivos fueron despedidos, cesados del comité de dirección o prejubilados a los pocos años de firmar el contrato que les daba derecho a participar en el plan de pensiones.

Cobros

Es el caso de Tomas Figueres, director comercial que fue despedido en 1993, dos años después de la firma del plan de pensiones, y se llevó más de 18.000 euros, o Josep Lluís Suárez, quien cobró 104.000 tras cuatro años en la dirección de FGC. Un adjunto de dirección, Llorenç Ledesma, que se dedicaba a realizar estadísticas y a la organización de archivos, firmó en 1991 el plan de pensiones, con 61 años, y aprovechó el fondo de FGC para pre jubilarse, por lo que asegura que ahora recibe una renta vitalicia. También estaba próximo a la jubilación Ramon Andreu, contratado por FGC en 1991, cuando tenía 59 años, y que en 1994 cobró 254.000 euros al abandonar la empresa en lo que él ha definido hoy como un "despido forzado", después de que fuera degradado en sus funciones.

Los declarantes han coincidido hoy en implicar a Roig y Herce en la autoría del plan de pensiones y su posterior tramitación, aunque ninguno de ellos ha aludido a que en la trama participara el ex consejero Vilalta, que abandonó la presidencia de FGC en julio de 1991. Por la contratación irregular del plan de pensiones Albert Vilalta afronta 4 años y 10 meses de prisión y seis los otros dos presidentes de FGC.

Enric Roig está acusado también de haberse auto-adjudicado 39.305 euros en dietas que no le correspondían por todo tipo de reuniones, entre ellas las que mantenía con directivos de FGC de despachos anexos al suyo, una práctica de la que el ex director general Miquel Llevat se ha mostrado hoy profundamente "sorprendido".