Tres presidentes de FGC de la época de Pujol, en el banquillo

Tres ex presidentes de Ferrocarrils de la Generalitat en la época de Jordi Pujol se culparon ayer mutuamente ante los jueces de idear un plan de pensiones supuestamente ilegal para los directivos de la empresa. La decisión se adoptó de espaldas al consejo de administración y sin ningún tipo de control oficial, según el fiscal, pero los acusados defendieron su actuación y declararon que lo hicieron para fidelizar a los altos cargos. El supuesto fraude supera los 3,2 millones de euros.

El fiscal solicita cuatro años y 10 meses de cárcel para Albert Vilalta y sendas penas de seis años para Enric Roig y Antoni Herce. Les acusa de los delitos continuados de prevaricación y malversación. El juicio debería haberse iniciado el pasado día 26, último día de campaña electoral, pero el tribunal presidido por el magistrado Pablo Llarena acordó postergarlo para ayer.

El plan de pensiones de la compañía benefició a 15 directivos

El fiscal pide hasta seis años de cárcel por malversación y prevaricación

El plan de pensiones fue suscrito en abril de 1991 con la aseguradora Winterthur y anulado en 2000, cuando se descubrió que durante ese tiempo se hicieron las millonarias aportaciones con dinero público, que beneficiaron a 15 cargos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Ninguno cobró tanto como Roig (1,07 millones de euros más 39.306 euros por dietas indebidas), quien fue el promotor del plan cuando era director general de la compañía, antes de sustituir a Vilalta en la presidencia, un cargo desprovisto de funciones ejecutivas.

Eso es al menos lo que dijo Vilalta, pero Roig declaró que el promotor del plan fue Manuel Herce, que le sustituyó en la presidencia y se embolsó 278.391 euros. Y Herce, a su vez, responsabilizó del plan a los dos anteriores. Herce explicó durante su declaración de ayer en la Audiencia de Barcelona que dudó de la legalidad de la cifra que debía cobrar Roig, por lo que antes de aprobarla consultó con el consejero de Política Territorial, Pere Macias, que le remitió al secretario general del departamento y se hizo el pago.

El Tribunal de Cuentas condenó en su día a Roig y Herce a devolver 2,7 millones de euros del plan más intereses y consideró prescritas algunas remuneraciones, pero esa decisión está recurrida ante el Tribunal Supremo. Albert Vilalta, que no cobró ninguna cantidad, acabaría siendo consejero de Medio ambiente con el Gobierno de Jordi Pujol y, posteriormente, secretario de Estado de Infraestructuras con José María Aznar.

El fiscal considera partícipes a título lucrativo a los otros 13 beneficiarios del plan y solicita que devuelvan el dinero cobrado. El caso acabó en los tribunales tras la denuncia presentada en la fiscalía por ICV en 2004 y que derivó en querella. El consejero socialista de la época, Joaquim Nadal, lo envió a la Sindicatura de Cuentas.

La tesis del fiscal es que ese plan de pensiones no tenía encaje legal en las retribuciones previstas para el personal de las empresas públicas, pero sus promotores declararon que, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992 existía mucha demanda de altos directivos de empresas y de ahí la necesidad de fidelizar a los de la empresa Ferrocarrils. Vilalta explicó que esos mismos planes existían en otras empresas públicas.