Aguayo lleva a la fiscalía anónimos con datos de personas relacionadas con la reordenación del sector público

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado esta mañana en la sesión de control del pleno del Parlamento de Andalucía que ha puesto "en conocimiento de la fiscalía" los comunicados anónimos que hay circulando por Internet con datos personales y administrativos de las personas que han trabajado en el polémico decreto de reordenación del sector público de Andalucía.

El pasado día 23, el secretario general técnico de la consejería formuló una denuncia por difamación contenida en un "libelo" titulado La Bomba.

Aguayo ha anunciado esta iniciativa durante una pregunta de la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero sobre el cese del secretario general de Administración Pública José Antonio Ortiz Mallol, coautor del contestado decreto. La popular le ha preguntado por los motivos del cese. "Ha cumplido su función y pasa a otro destino", ha explicado de manera escueta la consejera, a lo que Ruiz-Sillero ha replicado con una retahíla de acusaciones acerca de que se trata de un nuevo caso de "enchufismo, cambio de silla y de mangoneo". Aludía a que el exsecretario general ocupará otro puesto en la Administración. Así es, pero no por "enchufe", sino porque Ortiz Mallol es funcionario de carrera como letrado de la Junta de Andalucía, ha dicho Aguayo. "Los ceses no ocultan la vergüenza del régimen socialista", ha insistido la parlamentaria del PP.

La Consejería de Hacienda informó de que el escolta de Martínez Aguayo registró el pasado día 18 una denuncia por lesiones. Ese día se firmó el acuerdo entre la Junta y los sindicatos CC OO y UGT que modificaba el decreto del sector público. Tras la firma se produjeron altercados en la sede del edificio administrativo Torretriana. El escolta aportó un parte de lesiones por "contusión en la región temporal y pabellón auricular izquierdo y arañazos en pirámide nasal".